La CAO pide endurecer sanciones y controles para frenar el contrabando
Ante el ingreso constante y masivo de contrabando y ver la afectación a productores del territorio nacional, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) afirmó que ven en riesgo miles de empleos dignos y estables que genera este sector, lo cual repercute en la economía de las familias bolivianas.
En medio de la crisis económica causada por la pandemia, la CAO y sus instituciones afiliadas demandan atención inmediata de los diferentes niveles de gobierno para frenar esta competencia desleal que ocasiona el contrabando y que genera la pérdida de aproximadamente 400 millones de dólares para este sector.
A través de un boletín institucional, el presidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, afirmó que todos los sectores que componen esta institución generarán propuestas para coadyuvar y frenar el contrabando que está matando a miles de unidades productivas, principalmente a los pequeños productores que son el 75 por ciento de los asociados a la CAO.
Entre las propuestas, se destaca la ampliación de las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Senasag y la Aduana puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas. Estas acciones deben ser de forma independiente y con apoyo de la fuerza pública.
Otra propuesta apunta a modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando a partir de un monto de 5 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).
La CAO también propone que los gobiernos municipales y departamentales realicen controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando que ponen en riesgo la salud de la población, ya que el delito debe ser tratado como atentado a la salud pública. Estas acciones, deben incluir facultades de incautar bienes utilizados para almacenar y transportar productos de contrabando.
Según la organización de productores, la Oficina de Defensa del Consumidor debe verificar de forma permanente para evitar que los consumidores sean engañados con productos de dudosa procedencia.
Los regímenes aduaneros fronterizos deberían ser controlados en base a un registro de vivientes de la zona y reglamentados para que estos cumplen con su objetivo de sobrevivencia personal.
El despacho de mínima cuantía debe normarse conforme a la reglamentación de un régimen general de importación de mercancías de consumo.
Finalmente, la CAO propone realizar acciones con organizaciones de productores para ejecutar actividades conjuntas en el control del contrabando en las principales rutas de acceso.
“Nuestro sector es principal generador de fuentes de empleos en todo el país con 1,6 millones de personas que trabajan de forma directa y gran parte de ellos están desapareciendo por el contrabando. Los más afectados en esta situación son los pequeños productores que se ven obligados a cerrar sus unidades productivas y quedarse sin trabajo y sin sustento familiar”, informó la CAO.
