¿Pena capital o cadena perpetua?

Los asesinatos seguidos de descuartizamientos de las semanas anteriores han sobrecogido a la población que no acaba de explicarse las razones para semejantes crímenes atroces. Han resurgido voces que demandan el agravamiento de las penas, y ya algunos asambleístas del MAS están volviendo a hablar de reponer la pena de muerte del banzerismo o imponer la cadena perpetua solicitada por el exvicepresidente García Linera, el 2016, con motivo de una “cumbre de justicia” oficialista.

En situaciones de dolor extremo de los familiares y de repudio generalizado por los crímenes, no es fácil eludir la demanda social de mayor punición agravando las penas, hasta el extremo de exigir la eliminación física del delincuente o su apartamiento perpetuo de la sociedad.

De ahí el surgimiento de “políticas” estatales y gubernamentales denominadas como “populismo penal” que, de manera oportunista y coyuntural, responden al clamor popular y trasladan al derecho penal y al sistema penitenciario las soluciones que más bien hay que buscarlas en las problemáticas sociales irresueltas, sin dejar de enfrentar específicamente la criminalidad, buscando una seguridad ciudadana democrática.

Especialmente en los regímenes autoritarios están reflotando “teorías” donde el poder estatal de castigar se convierte en una prolongación del poder autoritario de gobernar por encima de los consensos, concibiendo al delincuente como enemigo de la sociedad, igual que al opositor se lo concibe como enemigo del gobierno político. Es lo que se llama el “derecho penal del enemigo”, o el derecho penal de excepción.

Hay, sin duda, componentes individuales patológicos en la conducta delictiva de los asesinos violentos, frente a los cuales los sistemas penales garantistas no han logrado resultados positivos, pero el fracaso de la sobrecriminalización y la sobrepenalización de las conductas es mayor. Ni la cadena perpetua ni la pena de muerte, dónde están vigentes, han disminuido los índices de criminalidad violenta.

Queda claro, hay que desechar la creencia ilusoria que el derecho penal y el sistema carcelario van a solucionar la criminalidad, peor si no tenemos una “política criminal”, y si la profunda crisis de nuestra administración de justicia tiene entre sus resultados la impunidad, el hacinamiento carcelario, las detenciones preventivas arbitrarias, la precariedad de nuestros mecanismos de investigación y el talante abusivo del Ministerio Público.

Las grandes líneas estatales y gubernamentales tienen que encarar la pobreza, la marginalidad, la carencia de empleo, el desarrollo humano integral y la diversificación productiva, pero, al mismo tiempo, y con redoblada energía, tienen que desplegarse políticas públicas que enfrenten el machismo, el adultismo (entendido como el acto de discriminación por edad) y el violentismo, como lacras de nuestra convivencia social y familiar.

La violencia contra las mujeres, pese a su barbarie, se está convirtiendo en una estadística vergonzosa y abultada donde se está naturalizando que, en promedio, cada tres días se produzca un feminicidio. La Ley 348 “Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, ya ha cumplido ocho años y hasta la fecha su implementación es casi nula, porque es mentira que sea “prioridad nacional la erradicación de la violencia contra las mujeres”, o que “se asignarán los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio” cómo dice falsamente su Art. 3ro.

Peor, el Ministerio de Justicia como “ente rector del sistema integral plurinacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en razón de género” (Art. 11 de la Ley 348), además de su pomposidad textual, no ha sido capaz de desarrollar, en casi una década, las líneas básicas de prevención, las políticas sectoriales de sensibilización, información y educación, y menos asignar los recursos gubernamentales mínimos para poner en efectivo funcionamiento casas de acogida, refugios temporales, casas comunitarias rurales, centros de rehabilitación de agresores.

Pese a que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha convertido en una horrible pandemia, nunca se decretan alertas nacionales, departamentales o locales, porque, por falta de recursos y voluntad política, no hay capacitación ni equipamiento para el funcionamiento efectivo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, para la creación de fiscales y unidades móviles de investigación, amén de juzgados de instrucción y tribunales de sentencia contra la violencia hacia las mujeres.

Sí, la Ley 348 respondió al clamor y repudio popular del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, pero su implementación sigue careciendo de recursos y voluntad estatales. ¿Populismo punitivo?, en gran parte, y que seguramente volverá a aparecer con nuevas improvisaciones gubernamentales con motivo del dolor y el repudio nacional que provocaron los crímenes de las semanas anteriores.

El autor es político y abogado