Recuperar la Defensoría del Pueblo

En sus 24 años de existencia y luego de los últimos años tortuosos y de anomia, la Defensoría del Pueblo está recibiendo ahora la atención de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, de las reuniones familiares y de otros encuentros entre amigos y compañeros.

La atención generalizada es por el proceso de elección del nuevo Defensor(a) del Pueblo, que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha puesto en marcha, por cuanto es su atribución constitucional elegir a la nueva máxima autoridad defensorial, que tiene un mandato de seis años y funciones específicas de acuerdo a los artículos 218, 219, 220, 221, 222, 223 y 224 de la Constitución Política del Estado.

La expectativa es enorme en la ciudadanía, que aguarda con esperanza, miedo y susceptibilidad el arribo a buen puerto de este proceso selectivo; si bien nos hemos realizado una encuesta para medir el pálpito de la gente, lo sentimos en las coberturas de los medios de prensa, en los comentarios, memes, fotografías, denuncias en Facebook, Twitter y en cuanta reunión uno participa: el Defensor del Pueblo está en la palestra pública. Bien.

Lo que está en juego, y eso lo saben el Gobierno y las bancadas del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana, es la institucionalidad de los derechos humanos, consagrada en la Constitución Política del Estado, que se refleja en el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, cuya autoridad radica en su compromiso y convicción de servicio al país y a los derechos humanos y un alto perfil moral y ético que demanda el ser Defensor del Pueblo, cargo que lo desempeñaron con la mayor claridad y responsabilidad Ana María Romero de Campero (+), Waldo Albarracín y Rolando Villena (+). El cuarto Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, apenas cumplió un año, para luego renunciar por un escándalo de violencia hacia la mujer. 

Y fue paradójico que la suplente e interina durara más de tres años en el cargo, con más sombras que luces. 

Pues bien, ahora se llega, luego de escándalos y peleas entre el oficialismo y la oposición, a la elección de la nueva autoridad defensorial, cargo al que se han presentado 198 hombres y mujeres que creen reunir los requisitos para ser honrados con tan alta distinción. Una alta participación, mucho más que en las tres anteriores convocatorias. Pero de éstos hay muchos que lo hicieron para ponerle más color al circo, como la exdiputada Lidia Patty, que automáticamente debería ser inhabilitada porque incumple tres requisitos de la convocatoria, al igual que el ex candidato y dirigente vecinal, Jesús Vera, acusado por la quema de los PumaKatari; y así hay otros que tienen militancia política.

Precisamente por esta alta participación de candidatos e interés en la ciudadanía, los diputados y senadores no tienen derecho a equivocarse, ni meter la pata, ni buscar argumentos para no hacer bien su trabajo y elegir a la persona que tenga las condiciones para tan importante y noble cargo de ser Defensor o Defensora del Pueblo, institución que debe acompañar los sueños, las luchas, las denuncias, los deseos de la gente y no estar colgada del poder de turno, o callar cuando se cometan atropellos a los derechos humanos. Una institución que no está contra ningún gobernante, sino que siempre estará a favor de los derechos humanos.

Pues bien, ahora el país asiste al proceso de discusiones y aportes para darle un curso a la Defensoría del Pueblo, pero los actores políticos no están respondiendo a este gran reto que implica el compromiso por los derechos humanos, pilar fundamental de la democracia y del Estado Plurinacional, que asume en su Constitución Política más de 70 artículos sobre derechos humanos, además de una serie de leyes sectoriales que protegen y promueven los derechos de las mujeres, niños, adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, población gay, personas con VIH/sida, el medioambiente y otros.

Este proceso nos está dejando ya una lección de vida: habían sido importantes los derechos humanos en el Estado Plurinacional y, con ello, la Defensoría del Pueblo es una institución vital, necesaria, útil, cuya autoridad radica en que quien la represente, siendo él o ella, reúna cinco requisitos fundamentales: autoridad moral, ética, liderazgo, honestidad y capacidad. 

Rolando Villena, defensor del pueblo de 2010 a 2016, dijo un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos: “Este día y cada día es para demandar, reclamar y exigir que los derechos dejen de ser enunciados abstractos, ideales etéreos y leyes que no se cumplen y se tornen en realidades comprensibles, exigibles y practicables”.