La corrupción de Glencore en el mundo y su turbio paso por Bolivia
A fines del mes pasado, la multinacional suiza Glencore aceptó pagar unos 1.000 millones de dólares tras declararse culpable por corrupción en países de África y Latinoamérica, de acuerdo a una investigación realizada en Estados Unidos y Reino Unido.
En Glencore el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para conseguir beneficios al margen de la ley fue una constante, publicó el medio británico Financial Times con base en documentos oficiales.
Aunque las investigaciones no mencionan a Bolivia, el paso de esta corporación por el país no estuvo exento de denuncias por supuestas irregularidades que nunca se aclararon del todo.
De acuerdo al investigador especializado en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta “hay muchos elementos que se deben indagar” en materia laboral, medioambiental y tributaria.
Sin embargo, las autoridades del Gobierno del MAS no han mostrado ninguna intención de hallar respuestas.
En 2017 se identificó una serie de contravenciones y acciones punibles cometidas por Glencore en Bolivia y otros países de la región, señaló el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Óscar Campanini, en un artículo publicado a principios de este año.
Zaconeta recordó que Glencore llegó al país cuando el expresidente Gonzalo Sánchez vendió sus acciones de Comsur a Sinchi Wayra (subsidiaria de Glencore) para que opere en áreas como Colquiri, Porco, Huari Huari y Bolívar.
Esta transferencia se hizo aparentemente sin la regulación estatal ni la fiscalización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), administradora de derechos mineros.
Posteriormente, se denunció en la prensa que Sinchi Wayra negociaba con cooperativistas mineros para operar en Colquiri y así evadir obligaciones económicas y otras regulaciones.
Años después, se denunciaron irregularidades en el contrato de asociación entre Comibol e Illapa (subsidiaria de Glencore) para operar en las minas de Bolívar y Porco. Un cambio de año afectó al país con 20 millones de dólares.
Por otro lado, en 2017, el Cedla publicó que se encontró en las minas de zinc y plata de Bolívar (Oruro), Porco y Caballo Blanco (Potosí) elementos de indio. Este metal no era declarado ante las autoridades bolivianas y sólo se recuperaba en el exterior.
En 2021, Glencore dijo que vendería sus acciones en minas de zinc, en las cuales el contrato de asociación era con la Comibol. Por esta razón, requería hacerle conocer de una posible transferencia.
El 27 de abril de ese año, el presidente de la Comibol, Eugenio Mendoza, manifestó su sorpresa ante la posible venta de acciones de Glencore y le pidió, a través de una carta, una explicación.
El personal de Glencore respondió que tenía pensada una “reorganización de sus inversiones en la región, incluida Bolivia”, pero que cualquiera sea la decisión que se tome no se “afectará los compromisos contractuales”.
Ya a fines de 2021 se reportó que Glencore vendió sus acciones a la canadiense Santacruz Silver Mining por 110 millones de dólares. No obstante, aún tenía operaciones en el país. “Se repite la historia del negociado internacional con los recursos naturales”, señaló Campanini.
ARBITRAJE QUE AÚN NO SE RESUELVE
En 2016 Glencore inició un arbitraje al Estado boliviano ante la Corte Permanente de La Haya por 675,7 millones de dólares por la nacionalización de las Plantas Fundidoras de Vinto y el Centro Minero de Colquiri.
Recientemente, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, indicó que este arbitraje está en su etapa final y se espera el laudo.
El director del Cedib, Óscar Campanini, señaló en un artículo que Glencore se hizo de acciones a través de estrategias jurídico comerciales.
GLENCORE ASEGURA QUE OPERÓ ACORDE A LA LEY
REDACCIÓN CENTRAL
A través de su departamento de Comunicación, Glencore rechazó todas las denuncias sobre presuntas irregularidades en sus operaciones en Bolivia.
“Glencore rechaza las acusaciones. Nosotros hemos operado siempre en concordancia con las leyes locales y las regulaciones del país”, señaló la compañía de forma breve a través de correo electrónico como respuesta a un cuestionario enviado por Los Tiempos.
Este medio también solicitó información a la Comibol, a través de llamadas y una carta con un cuestionario, sin embargo, hasta el momento de la publicación de este reportaje no se recibió una respuesta.
De forma extraoficial, se indicó que reunir la información solicitada llevaría tiempo.
