Polémicas declaraciones
Las declaraciones de la embajadora de Bolivia en Irán, Romina Pérez, han recibido la repulsa general y, tras haber sido convocada para que se presente inmediatamente por el canciller Rogelio Mayta, para que rinda un pormenorizado informe sobre su actuación pública, no sería raro que la destituyan de sus funciones.
Evidentemente, sus fallidas expresiones, según ha reproducido la prensa internacional —especialmente Infobae, de Argentina— y nacional, no tienen atenuantes y se dan en el contexto de la revuelta ciudadana en Irán, a causa de la detención en Teherán, el 13 de septiembre, de la joven kurda Mahsa Amini a manos de la denominada Policía de la Moral por no haber respetado el estricto código de vestimenta para las mujeres en ese país, y su posterior fallecimiento, tres días después en un hospital.
Precisamente en ese difícil contexto, con manifestaciones callejeras que buscan justicia y un cambio político en Irán, la embajadora Pérez, según el medio Irán Internacional, en una visita a una fábrica de tractores en la ciudad de Tabriz y en una reunión con el alcalde de esa urbe, afirmó: “Nuestro Gobierno condena los recientes disturbios en Irán, perpetrados por los sionistas británicos y estadounidenses, y estamos seguros de que todos los problemas se resolverán con la solidaridad, el conocimiento y la comprensión del querido líder de Irán”. Tras ver los serios efectos negativos de lo que dijo, la embajadora Pérez, antes de retornar al país por órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha asegurado que el medio iraní tergiversó sus declaraciones.
Son comprensibles las protestas y las condenas que han desatado las expresiones de la embajadora Pérez, tanto de la oposición como del oficialismo, por las vulneraciones de derechos humanos en Irán, en especial de las mujeres, que han dejado, hasta la fecha, un saldo de más de 150 muertos en 17 provincias de ese país, según Iran Human Rights, con sede en Noruega.
Pero, adicionalmente, la posición de la embajadora Pérez es manifiestamente contraria a las políticas de los gobiernos masistas en cuanto a la promoción y resguardo de los derechos humanos de las mujeres, que se han traducido en normas de vanguardia como la Ley 348 —aunque no haya avanzado mucho en su aplicación— que penaliza hasta 16 formas de violencia contra las mujeres, que suelen derivar en un elevado número de asesinatos. No es gratuito que el Gobierno haya nominado a 2022 como el Año de la Despatriarcalización. Sin embargo, lo que dijo la embajadora Pérez contradice todo lo avanzado por el Gobierno en esta materia.
Hay otra contradicción: la cercanía del Ejecutivo al régimen iraní y a tal grado que el presidente Luis Arce y su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi, sostuvieron, en el marco de la última Asamblea General de la ONU, el 20 de septiembre, una reunión en la cual evaluaron un plan estratégico bilateral que incluye temas de salud, cultura, educación, agencia espacial, agro y telecomunicaciones. Pareciera que el Gobierno tiene una relación bifronte con Irán, porque mientras privilegia un acercamiento inclusive cultural y educativo con ese país de régimen teocrático y vulnerador de los derechos de las mujeres, también muestra la intención de echar a la embajadora Pérez, que está alineada con el acercamiento oficial a Irán, pero que falla, y cómo, en cuanto a la defensa de los derechos humanos.
