Estrategias para un desarrollo metropolitano

Es evidente la vulnerabilidad de segmentos menos favorecidos en términos laborales y económicos que intentan con mucho esfuerzo acceder a suelo urbano y que, en algunos casos —en la desesperación de contar con un espacio para habitar— compran terrenos en loteamientos dudosos, publicitados con “grandes ventajas de pago a plazos” y muchos de ellos producto de prácticas ilegales y corruptas como parte del tráfico de tierras.

Esta situación coyunturalmente puede inducir a la invasión de espacios urbanos en zonas de riesgo, agrícolas, sitios arqueológicos, históricos, de preservación ecológica, de tratamiento paisajístico, y otras áreas adyacentes a la gran ciudad metropolitana, obligando posteriormente a la transformación del uso del suelo, la dotación de servicios básicos, e infraestructura vial, con líneas de transporte para la movilidad urbana, espacios públicos de recreación, áreas verdes. Esas demandas se enfrentan a la posibilidad real de satisfacerlas eficientemente y pasan a ser factores de preocupación en la administración local.

Se agudizan los problemas para sectores socioeconómicamente sensibles, se vislumbran ambientes de informalidad; y, por tanto, la irregularidad y el avasallamiento pasan a ser modalidades de vida con todas las implicaciones que conlleva el fenómeno. La invasión del suelo —sea éste de preservación, agrícola, o incluso privado—, empieza a ser parte de la conflictividad social, y de alguna manera con complicidad de desarrolladores inmobiliarios y loteadores, apunta a transformar espacios que más tarde se consolidarán como residenciales.

Una causa principal de este fenómeno se vincula con la falta de estrategias gubernamentales nacionales para establecer programas de dotación de vivienda digna a sectores sociales altamente vulnerables, casi carentes de ingresos económicos estables, que no califican como sujetos de crédito para acceder a créditos bancarios, y la inacción de los gobiernos locales en la gestión y planificación del suelo.

Dado que esta situación se está normalizando casi en todos los municipios colindantes con la ciudad central, y considerando la consolidación legal de entidades metropolitanas como parte de una evidencia irreversible, el mejoramiento de su funcionalidad integral exige con urgencia el establecimiento de un plan de desarrollo metropolitano de mediano plazo (con proyección al 2040), como instrumento de planificación capaz de orientar procesos de desarrollo urbano en el contexto metropolitano, direccionando su comportamiento hacia una ciudad más inclusiva, equitativa, competitiva y sostenible.

Ese plan debe permitir la consolidación, de manera regulada, de segmentos territoriales que ordenen el futuro crecimiento del suelo mediante la densificación en los grandes ejes de la estructura urbana, donde posteriormente se pueda ampliar la oferta residencial de equipamientos e infraestructura de servicios. Debe establecer coeficientes de ocupación del suelo y de edificación, en tanto lineamientos urbanísticos municipales dentro de un reglamento de zonificación y uso de suelo, que vayan acordes a planes de desarrollo urbano nacional, leyes ambientales, y planes de desarrollo urbano sustentables en los municipios.

Se destacan entre ellos, la modernización del coeficiente de absorción del suelo (CAS), el coeficiente de utilización del suelo (CUS) y el coeficiente de ocupación del suelo (COS) como factores relevantes a ser considerados al momento de iniciar proyectos urbano-arquitectónicos. Estos factores de regulación de la intensidad de ocupación del suelo, podrían apoyar la transformación de subestructuras urbanas obsoletas mediante planes específicos de regeneración, renovación, y rehabilitación.

La aplicabilidad de este instrumento de planificación considera la presencia de los municipios actuales de la región metropolitana y la posible incorporación de otros que se sumen más adelante a su geografía, de manera de optimizar la conectividad, la disfuncionalidad, interinidad, e informalidad de la estructura metropolitana, producto de la débil gestión y planificación urbana. Serviría también para la regularización de urbanizaciones informales, saneamiento de servicios y recuperación de impuestos, como mecanismos para evitar la fragmentación del territorio.

En términos de movilidad urbana, es preciso contemplar la implementación de un sistema integrado de transporte público, administrado por la multigobernanza, de manera de comprometer poderes nacionales, departamentales, metropolitanos y municipales que hagan más eficiente la administración y el servicio, en cuanto a costo, tiempo y calidad, distribuyendo competencias y obligaciones en una especie de autoridad de transporte urbano metropolitano.

Además, el respaldo institucional a un sistema integrado de transporte público permitiría la incorporación de los actuales operadores de transporte, moralizando su condición en la seguridad social, contemplando beneficios sociales, seguros de salud y jubilación. De esta manera, al involucrar este sector objetivo, con seguridad que se puede alentar el perfeccionamiento del servicio y por tanto la calidad de la movilidad urbana.

Los medios para la movilidad urbana en los centros urbanos a nivel nacional, con su precariedad y baja calidad, demandan la presencia de un sistema integrado que permita mayor confort al momento de realizar los diversos desplazamientos cotidianos y la posibilidad de contar con puntos de intermodalidad. En La Paz, es posible tratar de integrar los Puma Katari con el teleférico; en Santa Cruz, un primer avance con los BRT hará posible superar la infraestructura actual, su conectividad y funcionalidad. Además, la implementación de un sistema con vehículos de tecnología limpia y sostenible transformarían positivamente la calidad ambiental y los índices de contaminación.

Son muchos los desafíos por resolver y algunos, en esencia, también son parte de un reto nacional. Inicialmente resulta imperativo trabajar en la resiliencia social, que permita reubicar de manera sostenible a muchos ciudadanos que durante la reciente pandemia fortalecieron el ejército de personas en situación de pobreza y de extrema pobreza. Asimismo, se pretende del Estado un mayor enfoque de indicadores de desarrollo humano y gestión social, mediante políticas públicas que reconozcan sociedades más equitativas, competitivas, habitables, gobernables y readaptativas, mejorando las cualidades metodológicas y operacionales de la administración local, metropolitana, departamental y nacional.

La resiliencia social contribuye con nuevas representaciones para evolucionar en relaciones más empáticas, especialmente con sectores poblacionales más desatendidos y en complejos contextos de la sociedad sincrónica, de manera de satisfacer con respuestas concretas aquellas dinámicas correlacionadas económicas y de orden político.

Por último, es urgente solicitar a la tutela administrativa institucional, atender de manera consciente el desarrollo urbano territorial, exigiendo el cumplimiento de las ofertas electorales, rechazando la improvisación y apostando por un desarrollo efectivo.

Dada su escasa superficie construida comparativamente con otros territorios nacionales, no será difícil convertir la ciudad en un espacio próspero, con un modelo de planificación exitoso; prevaleciendo principalmente la voluntad política como mecanismo para priorizar elementos fundamentales del desarrollo local, y despolitizando la obligación que la sociedad tiene de lidiar por construir una ciudad sustentable.

El autor, Ph.D., es investigador del Ceplag – UMSS, mkquiroga@gmail.com