Los disparates del momento

Sé que muchos lectores no gustan repasar artículos referidos a la administración de justicia y al derecho, debido no solo al tecnicismo jurídico que se emplea y a lo odioso y repudiable que resulta ser el sistema judicial en Bolivia, pero hay circunstancias en las que uno no puede mantenerse impasible y tiene que decir algo respecto de hechos anormales que se suceden continuamente.

En los países serios en los que existe un tribunal constitucional rige la premisa que “el tribunal constitucional habla sólo cuando se le pregunta”, es decir que, como muestra de que se trata de un ente jurisdiccional “independiente”, no actúa de oficio, y lo hace únicamente a petición de parte, esto es de la presentación de una acción o de cualquier otro pedimento reconocido por ley, solo así es que esa instancia “habla”, dictando el tipo de resolución que corresponda.

No actúa de motu proprio, es decir no toma iniciativas por sí solo. Esta es una muestra de que el mencionado tribunal no hace lo que quiere, sino lo que le pide la sociedad a través de quienes están legitimados para efectuar peticiones reconocidas expresamente por ley, preservando única y exclusivamente el respeto a la tan mencionada Constitución; es decir, este ente no hace lo que quiere o lo cree que es conveniente.

Pero en Bolivia nada de esto vale. Resulta que el presidente del Tribunal Constitucional (nada menos que autoprorrogado) no solo que “habla” en nombre del TCP, sino que “actúa”, viaja —dizque— a simple “invitación” a la ciudad de La Paz para reunirse con los miembros del Tribunal Supremo Electoral expresando curiosamente que “En ningún momento el TCP va a ir en contra de sus atribuciones contenidas en la Constitución (…)” señalando además que el pacto entre el TCP y el TSE refleja nada menos que un “esfuerzo (¡!) para garantizar la estabilidad del sistema electoral y constitucional de Bolivia”.

La verdad es que se ha llegado a lo insólito. Cabe preguntarse, ¿Acaso esos términos a los que se comprometen el TCP y el TSE, no son atribuciones que obligatoriamente deben cumplir? ¿Acaso dichas instituciones no han sido creadas exactamente para lo que se “comprometen”? O sea que los ciudadanos debemos saber que para cumplir la Constitución y las leyes, los componentes de esos entes previamente deben “comprometerse” a cumplir con la Constitución.

Hay momentos en que uno empieza a dudar si estamos locos y no entendemos las cosas… o es que nos están tomando el pelo a su regalado gusto.

Para terminar esta locura, dos acotaciones más.

El TCP, no es un ‘órgano del Estado’, no forma parte del Órgano Judicial como muchos creen, sin embargo jueces y vocales departamentales de la justicia ordinaria ofician de tribunales de garantías constitucionales: por favor ¿quién entiende este disparate?

Y llegado el momento, por fuerzas mágicas, el TCP está por encima no sólo de los conocidos órganos del Estado, sino, inclusive, y esto es lo grave, por encima de la propia Constitución de la que dice ser su “custodio”. Estas referencias pueden llamarse la descripción de un solo disparate.

Por otra parte, uno de los vocales del TSE , dice que ha pedido “más de un millón de veces”, que se les otorgue el privilegio de ser procesados en “juicio de responsabilidades” para garantizar elecciones limpias y no ser procesados en la vía común, piden que se les “blinde”, cuando en vez de pedir fueros especiales deberían recordar el viejo principio que señala que “el juez debe responder únicamente a la ley y a su conciencia” sin depender de nadie ni someterse al miedo de poderes extraños, caso contrario deberían renunciar a sus cargos.

Pero resulta que el TSE en el fondo, jurídicamente, tampoco es un órgano del Estado porque sus miembros (vocales) no son elegidos por voto popular, son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de sus miembros presentes y con la agravante de que uno de ellos es designado por el mismísimo presidente del Estado en clara intromisión y dependencia orgánica.

Como se verá, este es otro disparate deslizado en la sacrosanta Constitución.

Mejor nos quedamos aquí.

El autor es jurista