Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
Una nueva marcha universitaria se llevó adelante ayer. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.
La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios. En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron a la marcha como “completamente política” y señalaron que la única ley que van a cumplir es “la de presupuesto”.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, la plaza se colmó para el acto, que comenzó con el himno nacional.
De la marcha también participaron los gremios, que irrumpieron con su propia música, bombos y banderas. “Patria sí; colonia, no”, cantaba quien tomó el micrófono.
Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, reclamó que se asignen los recursos mínimos indispensables para el funcionamiento de la universidad pública en Argentina.
Bartolacci subrayó que es imprescindible respetar la ley de financiamiento universitario, a la que describió como una normativa razonable para el sector, ya que “sin comprometer fiscalmente al Estado ofrece las respuestas que necesitamos”. El directivo defendió el valor de la movilidad social ascendente que otorga la educación superior pública. , argumentando que el acceso igualitario a una formación de excelencia para los jóvenes.
