Chile, el despertar ante su peor crisis
La pandemia, como a todas las crisis, la agravó, pero la crisis chilena ya venía rompiendo marcas desde hace un año antes de la llegada del coronavirus. Precisamente hasta marzo, mes de la irrupción de la Covid-19, había ya entrado en fase convulsiva. Tras relajarse las medidas de bioseguridad y reajustarse las fechas del calendario de descompresión política los problemas volvieron. Elevaron su intensidad justo una semana antes del referendo constitucional que este domingo mostró el grado de molestia que marca a la sociedad del país trasandino.
Las huellas se advierten en diversas aristas. En el poder político, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera ha batido todos los récords de impopularidad. Recientes encuestas le daban apenas un 6 por ciento de aceptación, sin duda que quepa pues en calles y diversos foros no escasean las voces que demandan su renuncia. Esas calles donde recurrentemente se multiplican las manifestaciones multitudinarias de estudiantes, jubilados y diversas organizaciones sociales que suelen derivar en graves episodios de violencia.
Así sucedió, por ejemplo, el domingo 18 de octubre, cuando se conmemoraba un año del estallido de las protestas y se cerraba la campaña en apoyo a la aprobación del cambio constitucional que se votó este domingo 25 de octubre. Decenas, tal vez cientos, de miles de personas se movilizaron en las principales ciudades del país. En Santiago, la concentración se produjo en torno a plaza Italia, el epicentro de las movilizaciones. Lo que en principio parecía una fiesta culminó con un manifestante muerto en una balacera, 250 heridos, entre ellos 116 policías, vehículos policiales destruidos, dos iglesias históricas incendiadas y 580 detenidos.
- Paz endeble
Es el estado de situación en el país considerado hasta hace tres años excepción en el conjunto sudamericano debido a sus niveles de estabilidad económica y sus indicadores de desarrollo. Según los analistas, la aplastante victoria en el referendo de este 25 (78 a 22 por ciento a favor de iniciar un nuevo proceso constituyente) resultará una parcial válvula de descompresión que no garantiza la paz social en Chile en los próximos meses.
La actual Constitución Política del Estado (CPE) chilena data de 1980 y, aunque la modificaron dos veces (1989 y 2005), es frecuentemente cuestionada porque fue redactada y promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet bajo el espíritu neoliberal. Es decir, el texto constitucional chileno consolida un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos y con ello marca la crisis de desigualdad social que se acentuó en los últimos años. Justamente ése fue uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 y se alargaron hasta este octubre sin solución de continuidad.
Roberto Méndez, un profesor de la Universidad Católica de Chile, declaró a la agencia alemana DW que “no hay un diagnóstico consensuado de las causas de este estallido social, ni tampoco de sus soluciones”. El analista añadió: “Ni el Gobierno ni la oposición tienen una comprensión muy clara de este fenómeno. Se ha intentado avanzar en esto, el mundo político impulsó una nueva Constitución Política, pero la violencia ha continuado en las calles, por lo que no se sabe si se va a resolver con esto. Por otra parte, el Gobierno ha tratado de aumentar el gasto social, mejorar las pensiones o salarios mínimos y eso tampoco ha tranquilizado a la gente”.
- El legado pinochetista
Sin embargo, el país se sabe a las puertas de un cambio dado el golpe que han implicado las protestas. Chile no había experimentado algo así probablemente desde finales de los años 80. Esa vez se llegó al referendo que derivó en la salida del gobierno de Augusto Pinochet tras 16 años de dictadura. En aquel plebiscito, el “Sí” para que el dictador continuase en el poder alcanzó el 43 por ciento de la votación, mientras que el “No” fue apoyado por el 54,7 por ciento de los electores.
“Se siente un cambio, los debates, la discusión cotidiana son mucho más profundos en ámbitos políticos como en la población —explicó a radio Bío Bío el politólogo Roberto Dalenz—. El sentido del análisis cambió. Durante décadas, todo se debatía a partir de la viabilidad y crecimiento económicos. Ahora son transversales los asuntos de justicia, equidad y mayor inclusión. Las instituciones están en crisis de legitimidad frente a la crítica ciudadana. Los operadores políticos debieron salir de su zona de confort y despertaron a buscar respuestas a quienes les demandan una renovación”.
El cuestionamiento central a la Constitución Política pinochetista se centró en los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un “Estado subsidiario” que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas. En función a la filosofía neoliberal, el Estado subsidiario se empequeñece al límite de únicamente vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos fundamentales. La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet. En su CPE, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. Todo eso también derivó en un país con los más altos costos de vida del continente.
Igualmente se privatizaron amplios sectores de la educación y la salud. Por ejemplo, si bien algunas universidades estatales son fiscales y de alto nivel académico, para poder acceder a ellas los estudiantes deberán cursar secundaria en colegios privados debido a la diferencia de la calidad educativa en relación a los colegios fiscales. Durante décadas, la boyante economía chilena en cuanto a macroindicadores no permitía ver que vastos sectores sociales sólo tenían garantizados niveles de supervivencia, pero no de ascenso social ni mucho menos. Y cuando la presión se incrementó, sobre todo en el actual gobierno de Sebastián Piñera, con alzas en los costos de transporte y otros servicios, la crisis estalló.
A lo largo del último año, una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.
“Diversos sectores sociales están demandando cambios estructurales profundos en Chile para garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales —explicó Dalenz—. Vale decir que se busca incorporar a una Constitución neoliberal fuertes cortapisas de un Estado social, que garanticen el bienestar de las mayorías”.
- Lo que se viene
Tras la victoria del domingo 25 de octubre para que se inicie un proceso constitucional en Chile, ese tipo de demandas cobrarán carta de campaña en los siguientes meses. El país ingresó en una tensa etapa de trabajo técnico y político para definir las características del nuevo proceso.
Los chilenos votarán por los representantes a una Asamblea Constitucional que redactará el nuevo documento en abril de 2021. Escogerán 155 representantes, mitad hombres y mujeres, a través de elección directa además de algunos representantes de minorías indígenas cuyo número aún no se ha definido. Será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular. La votación también marcó un hito a nivel planetario: constituirá el primer órgano paritario que redactaría una Constitución en el mundo.
El proceso también implicará una realineación de las fuerzas políticas en general que, también golpeadas por la crisis, demostraron una notoria tendencia a la fragmentación.
Probablemente la dimensión de la crisis política chilena actual se evidencie con una de las frases más escritas y repetidas por quienes festejaron la victoria plebiscitaria el domingo. Celebraron la despedida del último gran legado pinochetista con un: ¡Adiós General!
