Fracking: luces y sombras en América Latina
// Texto y fotos: Inter Press Service //
BUENOS AIRES – El fracking, o fractura hidráulica, avanza en América Latina. O, al menos, eso es a lo que aspiran algunos de sus gobiernos. No obstante, pese al impulso que intentan darle y a los millonarios subsidios estatales que se han otorgado a la actividad en los últimos años, ésta no ha tenido hasta ahora la misma fuerza en la región que en Estados Unidos.
Esta técnica, resistida por sus efectos negativos sobre la salud tanto de las personas como del ambiente, permite extraer gas y petróleo no convencionales. Para ello, perfora el subsuelo a miles de metros e inyecta grandes cantidades de agua, arena y químicos a gran presión para extraer los minerales de la roca madre.
Argentina y México son los países que más han apelado a ella. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay rigen dos moratorias, mientras que los petroleros bolivianos añoran tener su propia Vaca Muerta —la gran reserva argentina de hidrocarburos de esquisto o de roca—, a pesar de la resistencia de comunidades indígenas y campesinas.
Qué no, qué sí
El 1 de diciembre de 2018, horas después de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó sus 100 compromisos de gobierno, entre los que se incluye el “no al fracking”. Se diferenció así de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que en 2013 había realizado una reforma para estimular la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Tras su asunción, en principio solo continuaron operando los pozos autorizados con anterioridad. Y, según el último reporte oficial, el compromiso del mandatario ha sido cumplido.
Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que integran más de 40 organizaciones, publicó en mayo de 2020 una investigación que detectó que, “a lo largo de 2019, fueron aprobados seis planes de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Abarcan una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados en los estados de Veracruz y Puebla.
La investigación también encontró que, en sintonía con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en su Plan de Negocios 2019-2023, los presupuestos nacionales de 2019 y 2020 asignaron recursos a dos proyectos de la empresa estatal que requieren de fracking.
A la par, según la Alianza, entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, se presentaron ocho iniciativas en el Congreso para prohibir la fractura hidráulica en México, lo que podría ser la puerta para que López Obrador selle su compromiso. Hasta ahora, ninguna avanzó.
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Caballo de Troya
Otro presidente que dijo “no al fracking” durante la campaña electoral fue el colombiano Iván Duque. No obstante, desde entonces se ha mostrado ambivalente, mientras el movimiento ambientalista impulsa una ley que ponga definitivo fin a la técnica.
La explotación de yacimientos no convencionales está frenada en el país por una medida cautelar ordenada en noviembre de 2018. Fue a partir de una presentación ante el Consejo de Estado realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de un centenar de organizaciones —incluidos sindicatos del sector—, que pidió la nulidad de un decreto y una resolución que en 2013 regularon el uso de la fractura hidráulica.
“Argumentamos que infringen normas constitucionales y convenios internacionales, y violan el principio precautorio, que ordena que, en caso de duda científica sobre la posibilidad de que una actividad pueda causar un daño grave e irreversible a la salud humana y al ambiente, el gobierno nacional debe suspender o aplazar esa actividad hasta tanto haya certeza”, precisa una de las abogadas que trabajó en la presentación, Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Actualmente, no hay fracking en Colombia. Pero para ello se necesitó otra resolución judicial. La Alianza detectó que los proyectos que ya estaban utilizando la técnica continuaron operando a pesar de la medida cautelar, por lo que se promovió una nueva demanda ante el Consejo de Estado que finalmente ordenó su paralización en todo el territorio.
El gobierno no se quedó de brazos cruzados y creó una “comisión de expertos” que, un puñado de meses después, aconsejó hacer proyectos piloto en yacimientos no convencionales. “La comisión pagada por el gobierno hizo un estudio en el que no dijo ni ‘sí’ ni ‘no’, pero dio la apertura a una supuesta investigación científica”, dice Andrés Gómez, un ingeniero que trabajó para algunas petroleras y hoy es parte de la ONG CENSAT Agua Viva.
Ese informe fue incorporado al expediente iniciado ante el Consejo de Estado que, cuando se reunió en pleno para confirmar la medida cautelar que paralizó el fracking, aclaró que esa decisión no frenaba los planes del gobierno.
En ese marco, en febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 328, a través del cual abrió el juego a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral” sobre yacimientos no convencionales.
Hasta ahora se confirmaron dos de esos proyectos, llamados Kalé y Platero, ambos en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Fueron adjudicados a Ecopetrol y ExxonMobil, respectivamente.
Ahora bien, Puerto Wilches tiene una larga tradición ligada al extractivismo. “Nadie puede decir que el fracking va a generar desarrollo en una región que lleva un siglo de explotación de hidrocarburos y tiene los indicadores sociales más bajos del país”, sentencia Gómez.
Además de una historia de contaminación, en Puerto Wilches también hay problemas con los derechos humanos. Por la oposición al fracking, ya hubo amenazas y hostigamientos, y dos personas tuvieron que abandonar la zona. Con 64 víctimas fatales, Colombia fue en 2019 el país con más ambientalistas asesinados del mundo, según el último informe de Global Witness.
El objetivo de esos proyectos experimentales es evaluar la viabilidad del fracking y sus efectos, pero el movimiento ambientalista cree que son un Caballo de Troya. “El Gobierno y las petroleras van a ser juez y parte. Dentro de este supuesto análisis, las petroleras harán la ciencia, juzgarán la ciencia e incluso lo que extraigan lo van a poder comercializar”, advierte Gómez.
¿La nueva Vaca Muerta?
Bolivia está libre de fracking, pero la cuestión está latente. La técnica puso un pie en el país en 2013, luego de que un informe de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos advirtiera el potencial en la materia de las llanuras del Chaco.
Lo que siguió fue una tarea de lobby y algunos esfuerzos concretos de las autoridades para incitar su explotación. Ese año se firmó un acuerdo de cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina YPF para trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el departamento Chuquisaca donde descubrieron reservas de tight oil (petróleo apretado), el atrapado en arenas y arcillas.
A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa, se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las organizaciones que promovió en 2014 la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.
En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy —de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90 por ciento en el municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca.
La empresa estima que las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado.
No obstante, el fracking necesitaría de un marco legal. “No existe en Bolivia ningún instrumento jurídico que lo regule. Con CanCambria se pactó que se iba a construir una estructura administrativa, pero hasta ahora las autoridades no han hecho públicos sus planes”, comenta el investigador Oscar Campanini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
En Macharetí conviven una decena de comunidades indígenas guaraníes y campesinos, que no cuentan con agua potable y temen que el fracking afecte, entre otras cosas, sus pozos.
Parte del bloque Miraflores está ubicado, a su vez, en la Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre Héroes del Chaco, un área protegida de 269.000 hectáreas de bosque con mucha riqueza de flora y fauna, que actúa como regulador de clima local y que además tiene un valor histórico por haber sido escenario de la Guerra del Chaco.
El área fue declarada como reserva por la alcaldía de Macharetí, que ahora tiene la llave para cerrarle el candado al fracking en la zona, pues el municipio inició un proceso autonómico y se encamina a incluir en su estatuto la prohibición de la fractura hidráulica.
No obstante, CanCambria ya ha manifestado su intención de explotar también otros dos proyectos dentro del Chaco boliviano y hay miradas atentas a la Amazonía, donde algunas exploraciones hallaron un gran potencial para hidrocarburos no convencionales.
Al igual que en otros países, el principal argumento de los promotores del fracking en esas zonas es el supuesto desarrollo económico. “Si los bolivianos decidimos no hacerlo, seguiremos en la pobreza en la que vivimos, que tampoco es amigable con el medioambiente”, alardeó el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), Carlos Delius, en un artículo sobre el tema publicado en Mongabay.
https://ipsnoticias.net/2021/07/que-si-que-no-el-fracking-en-america-lat...
