Tras lograr libertad, Cordero: “Cómo puede ser que un ciudadano piense que hay sobreprecio”
El secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero, se presentó esta mañana en una conferencia de prensa de la Alcaldía para lamentar que haya ciudadanos que piensen que existe un presunto sobreprecio en la adjudicación de la alimentación para los policías y militares al dueño de la empresa Bunker Grill.
Cordero se dirigió a los medios después que el juez Richard Rodríguez dispuso que se defienda en libertad en el proceso por presuntas irregularidades en la adjudicación de la comida por 15 días para los uniformados durante la pandemia Covid-19. En tanto, dictó detención domiciliaria con derecho al trabajo para el alcalde José María Leyes. Además, de arraigo fianza para los otros dos funcionarios investigados a denuncia de tres concejales y del Ministerio Público.
Versión
Cordero consultó a los periodistas: ¿Quiero preguntarles quién es el que está hablando: el secretario de Protección Integral al Ciudadano, un funcionario de la Alcaldía, un ciudadano? Siguió: “Me quiero ubicar fuera de esas tres clasificaciones, ahorita, está hablando la víctima y está hablando en nombre de las otras víctimas”.
Contó que durante su permanencia en celdas de la Felcc ingresó aprehendido un muchacho a quien le preguntó: ¿Conoces el caso de la alimentación? Y éste le contestó: “Sólo sé que ha habido un sobreprecio y la Alcaldía ha robado”.
Según el funcionario “esa es la percepción que tienen algunos ciudadanos”. Dijo: “Por eso les pido que no corten nada de este mensaje y publiquen en sus medios, díganles a sus editores que trabajen profesionalmente y no corten esto”.
Continuó: “No puede ser que el ciudadano piense así, está desinformado y los medios tienen la obligación de informar lo que ha ocurrido ayer”.
Expresó que el juez anticorrupción Richard Rodríguez “punto a punto en una audiencia un juez imparcial ha destrozado el argumento de cualquier persona que ha intentado enlodar la administración pública. Me han acusado de cinco delitos, eso no se borra, pero para ayer se redujo a un solo delito”.
Sin embargo, cuestionó: “Quién borra lo que pasó antes, me pongo a lado de la familia del Alcalde, de nuestros amigos que han visto en primera plana nuestra aprehensión; nadie”.
Cordero considera que sólo “los editores y presentadores pueden borrar eso. No queremos que digan lo que nosotros queremos, sino la verdad. Cómo puede ser posible que un ciudadano piense que hay sobreprecio si no conoce lo que pasa, dónde ha habido sobreprecio, dónde ha habido daño económico al Estado y cinco políticos completamente falsos que han sido destrozados”.
Concluyó: “Aquí no está hablando el político, ni siquiera el militar, sino una persona que tiene por detrás un ascendiente que no ha sido destrozado todavía, pero ha sido intentado, tiene una desportillada. Les pido que arreglen el prestigio del Alcalde, el secretario general, de otro funcionario y el mío, porque no se pueden lanzar acusaciones por probar o por intereses políticos”.
Investigación
El denominado caso comida se inició a denuncia de los concejales Celima Torrico, Carlos Coca y Edwin Jiménez y por la imputación de la Fiscalía en contra del Alcalde y tres funcionarios más dentro del proceso COD-301-102-022000380 por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Los legisladores denunciaron la adjudicación de la provisión de comida al dueño del restaurante Bunker Grill por 488 mil bolivianos por 34 mil raciones por 15 días sin que se haya presentado el Registro Único de Contribuyentes del Estado (RUPE). La adjudicación también motivó un pronunciamiento de los representantes del sector gastronómico, que no fueron considerados en la contratación pese a contar con los requisitos y porque los recursos iban a servir para reactivar este rubro tan afectado por la emergencia sanitaria.
El Ministerio Pública investiga no sólo el cumplimiento de requisitos exigidos por las normas legales respecto al proceso de contratación de alimentación por emergencia para policías y militares (Covid-19) “sin considerar la falta de requisitos y presumiblemente favoreciéndose debido al nexo de amistad entre instancias jerárquicas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con el proveedor”, según la imputación.
