Marruecos llama a una transición rápida en Mali pero no condena el golpe
RABAT |
Marruecos llamó hoy a una "transición civil pacífica" en Mali, que permita un retorno "rápido y supervisado" del orden constitucional tras el golpe de Estado de ayer, pero sin condenar el derrocamiento del presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita, por el ejército de su país.
En un comunicado del Ministerio de Exteriores, Marruecos instó a "todas las partes en Mali a que den prioridad a los intereses supremos del país, su estabilidad, así como a la tranquilidad y las aspiraciones de su pueblo".
La breve nota subrayó que Marruecos confía en que los "hermanos malienses" podrán mostrar un sentido de responsabilidad y basarse en los valores de la paz y la armonía nacional para restaurar la estabilidad su país.
Precisó que Marruecos ha estado y está comprometido con esa misión. Oficiales malienses rebeldes se levantaron ayer en armas en el campamento Soundiata Keita en Kati, a 15 kilómetros al noroeste de Bamako, donde se encuentra una de las bases militares más grandes del país africano.
Este motín derivó en un golpe de Estado tras la renuncia del presidente Keita, detenido junto a otros miembros de su Gobierno y otros responsables, además de miembros de su familia.
La postura de Marruecos contrasta con la reacción del país vecino, Argelia, con el que se disputa la influencia en el Sahel.
Poco antes de la reacción marroquí, el Ministerio argelino de Asuntos Exteriores expresó su enorme preocupación por el golpe de Estado en Mali, país con el que comparte una amplia e inestable frontera, y subrayó su "firme rechazo a cualquier cambio inconstitucional" de Gobierno.
Hoy mismo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, consideró "profundamente preocupante" el golpe de Estado militar y advirtió de que puede tener "un efecto desestabilizador en la región por completo y en la lucha contra el terrorismo".
Asimismo, el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, condenó "enérgicamente" el golpe de Estado y reclamó la liberación y la protección de los funcionarios gubernamentales y sus familiares, y el restablecimiento del orden constitucional.
