El Congreso de Perú decide adelanto de las elecciones para abril de 2024
El Congreso de Perú aprobó ayer adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento de frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo.
En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores, y contempla también que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.
Primer paso
El presidente del Congreso, José Williams, explicó al final de la sesión que para la entrada en vigencia, esta reforma deberá ser ratificada en una nueva votación en los próximos meses.
Las bancadas de izquierda, que apoyan a Castillo, habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referendo para una Asamblea Constituyente, pero el pedido no prosperó.
Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos.
Según las encuestas, 83 por ciento de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios para resolver la crisis.
Misión de la CIDH
Ayer, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por su secretaria Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades “para recibir información sobre la crisis institucional y protestas”.
La CIDH se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno y planea recorrer algunas ciudades del país.
Protestas fatales
Según un último reporte de la Defensoría del Pueblo, desde su inicio el 7 de diciembre las protestas dejan 21 muertos y más de 650 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Castillo perdió el poder ese día tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.
Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión, cuando intentaba llegar a la embajada de México para pedir asilo, lo que desató una crisis diplomática.
El Gobierno peruano concedió ayer el salvoconducto (permiso) para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales.
La esposa e hijos del gobernante se encuentran desde el martes por la mañana en la embajada de México en Lima y se les otorgó el asilo, según había confirmado más temprano el canciller mexicano , Marcelo Ebrard.
El Gobierno expulsa al Embajador de México
El Gobierno peruano, que ha considerado el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Castillo como una “injerencia” en los asuntos internos del país, declaró ayer persona non grata al embajador de ese país en Lima, Pablo Monroy, y le dio “72 horas para abandonar” el país.
“Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración a prensa.
Como respuesta a la decisión peruana, la cancillería de México informó que ordenó el regreso de su embajador en Perú “con el fin de resguardar su seguridad e integridad física”.
