Agente pide no mezclar demanda con detenidos

“Quiero ser muy claro, no hay que mezclar una cosa con la otra, la causa que tenemos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el tema marítimo es un proceso reglado que se lleva adelante y que respetamos tanto Bolivia como Chile; y el tema de los detenidos en la frontera es ajeno a este proceso y así quiero creerlo yo, creo que debemos mantener la serenidad y el buen propósito de encontrar soluciones”, dijo ayer el agente boliviano ante ese alto tribunal, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Nueve personas de este país (dos militares y siete funcionarios de Aduana) se hallan con detención preventiva en la prisión Alto Hospicio de la ciudad  chilena de Tarapacá, tras ser acusados por la justicia chilena de robo y tenencia de armas en territorio de la nación vecina cuando realizaban tareas contra el contrabando. El Gobierno de Bolivia sostiene que la acción tenía lugar en territorio nacional.  

Rodríguez agregó que el país está en la obligación de encontrar los caminos para resolver el tema de los detenidos. “Yo no estoy autorizado para decir una fórmula, pero creo que Bolivia debe hacer preservar los derechos de sus ciudadanos y encontrar los caminos para que tareas conjuntas, como la lucha contra el contrabando, encuentren un caminos efectivo, no de confrontación”, dijo.

El Agente hizo las declaraciones en el marco de su participación en los 183 años de la pérdida del Litoral boliviano, en la ciudad de La Paz.

Familiares

En tanto, entre hoy y mañana, familiares de los nueve detenidos y autoridades del país viajarán a Chile para verificar la situación en la que se encuentran los connacionales, recluidos en la cárcel de Alto Hospicio de manera preventiva.

Los allegados de los dos militares y los siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia que en pasadas horas denunciaron la falta de apoyo para trasladarse al vecino país se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores con autoridades para definir las acciones.

“Se ha hecho una información por parte de la Cancillería, hay el acompañamiento de nuestra Viceministra conjuntamente con familiares. Hay preocupación del estado de salud, del estado de ánimo”, dijo el ministro de la Presidencia, René Martínez.

Diplomacia

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que la situación de los bolivianos presos en Chile debería ser resuelto en el ámbito diplomático como ocurre en cualquier Estado moderno.

“No hay ninguna razón para que esto sea puesto en manos de la justicia chilena”, aseguró la diputada.

ANALIZAN PRESUNTOS ABUSOS

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, adelantó ayer que en la Cancillería se estudiarán las acciones que tomará el Gobierno ante la denuncia por presuntos abusos que sufrieron los connacionales de parte de Carabineros de Chile, que no consideró el ataque de entre 60 y 70 personas, contrabandistas, en contra de los funcionarios detenidos el pasado domingo en la frontera.

“Esto es algo que hay que estudiarlo muy bien pero tiene que ser a un organismo de las Naciones Unidas, un organismo que este en relación a la vigencia de los derechos humanos. Pero también hay que discutir el cumplimiento de los convenios de Ginebra para el derecho humanitario que ha sido violado en este caso”, dijo el Ministro.

Ferreira acotó que en ninguna parte del mundo se ve que uniformados de un ejército soberano sean tratados como delincuentes, enmanillados y golpeados, porque ‘hay normas que las fuerzas militares respetan en la guerra y en la paz.

HAY ALTERNATIVAS LEGALES Y DIPLOMÁTICAS

Experto sugiere vías para  sacar a apresados en Chile

Ante la privación de libertad de los nueve bolivianos (dos militares y siete civiles) en Chile, el experto en derecho internacional Sergio Castro explicó que existen cuatro alternativas  legales y diplomáticas que Bolivia podría seguir para lograr la libertad de estos ciudadanos.

La primera, según explicó, consiste en apoyar económica y moralmente a estas personas para que ellas puedan realizar una acción directa ante la justicia chilena.

“Ellos podrían sentar defensa o lo harían a través de abogados del Estado chileno, presentando recursos de incompetencia, determinando que el juez chileno no es competente para conocer este caso en razón a territorio”.

Ésta se convierte en la alternativa más sólida considerando que existe el argumento de que los nueve ciudadanos estaban en territorio boliviano. Esto se tendrá que demostrar técnicamente en la etapa de presentación de pruebas dentro el proceso judicial.  

“Si se comprueba que estaban en territorio boliviano, los jueces chilenos deben declararse incompetentes y pedir disculpas a las personas y al Estado Boliviano, e incluso indemnizarlos”.  

Si, por el contrario, se comprueba que los nueve bolivianos estaban en territorio chileno “están fregados porque el Estado chileno tienen toda la razón en acusarlos de que estaban robando porque en Chile no son autoridades, sino personas (comunes) y no pueden incautar camiones”.

Las dos alternativas que quedan son judiciales a nivel internacional. La primera es una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por supuestos derechos humanos violados a estas personas, Bolivia puede pedir medidas cautelares para que se los liberen de inmediato.

“Si no se da curso a esta salida, la petición puede proseguir y llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría existir una sentencia en contra de Chile por haber apresado ilegalmente a bolivianos”, indicó.

Seis meses de trámite

Sin embargo, sólo el proceso para solicitar las medidas cautelares demorarían aproximadamente seis meses y el “proceso como tal tiene una duración mínima de tres años”.

La última opción es acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya “alegando que Chile ha vulnerado la soberanía boliviana expresada en territorio y jurisdicción”.