Coca niega acusaciones a Leyes por el caso Zapata
COCHABAMBA |
Ante una posible convocatoria por parte del Ministerio Público, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Sergio Coca, aseguró hoy que el alcalde de Cercado, José María Leyes, no tiene ninguna relación con el exsocio de Gabriela Zapata, Dennis Grundy Ríos, ni con la empresa china Camce.
Zapata aseguró el pasado miércoles que Grundy Ríos, testigo “clave” de la Fiscalía en este caso, estaría involucrado con Leyes, ya que habría propuesto a las empresas de Camce para realizar obras en la ciudad de Cochabamba, debido a una supuesta relación de amistad con la autoridad edil.
Grundy, que ese mismo día atestiguó en la audiencia del juicio oral ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, fue uno de los socios de Zapata y se sometió al procedimiento abreviado en este caso.
“Aparentemente el Ministerio Público estaría convocando al alcalde dentro la investigación por algunos delitos de orden público, cometidos en la investigación que se le sigue a la exnovia del presidente Morales, la señora Gabriela Zapata (…). Negamos que esta persona de apellidos Grundy Ríos haya tenido alguna relación contractual con nuestro Gobierno Autónomo”, manifestó Coca.
Calificó esta situación como “una cortina de humo” que busca ocultar a los verdaderos implicados en el caso Zapata. “Buscan perjudicar la gestión municipal y la popularidad que tiene el alcalde José María Leyes”, agregó.
Grundy culpa a Zapata
Grundy aseveró que acudió a Zapata porque “tenía fama de tener éxito en los negocios”; mientras que ella le sacó en cara “favores” que le hizo y lo acusó de hacerse pasar por sobrino del Vicepresidente, Álvaro García Linera.
Por más de una hora, Grundy relató ante la autoridad jurisdiccional que Zapata se declaró directora y perito en proyectos, que ofertaba sus servicios a diferentes empresas y que utilizaba las oficinas de la Unidad de Gestión Social (UGS), dependientes del ministerio de la Presidencia.
Zapata es acusada por legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.
