Injusticia como prueba

Un examen minucioso de las leyes, mostrará cómo se va torciendo el concepto de la imparcialidad de la justicia, particularmente cuando se trata de favorecer a los poderosos

En mi anterior artículo me referí a cómo el Estado hace que la justicia se parcialice con las instituciones públicas y cómo, por extensión, termine también parcializándose con la Iglesia Católica y con la banca. Son parcializaciones de este tipo las que coadyuvan a la deriva que tiene la sociedad hacia el acaparamiento de la riqueza entre los privilegiados. Daré más ejemplos y quizá podamos atisbar cómo es que estas cosas se juntan en ese propósito.

Lo que voy a exponer no es de mi cosecha, sino algo señalado por William Young, juez federal en Boston. Antes de continuar con lo serio, iré a lo anecdótico. Este juez Young es el que en 1967 sentenció al “estrangulador de Boston”, un asesino en serie de mujeres. En 1968 se hizo película con Tony Curtis, que hacía de estrangulador, no de juez, ocupación menos glamorosa. También fue el juez Young quien condenó en 2001 a un yihadista que portaba una bomba plástica en un zapato, cuya mecha no logró encender con fósforo porque las azafatas se lanzaron contra él y luego fueron pasajeros en lucha libre. El yijadista fue condenado a cadena perpetua sin derecho a indulto, mientras que el “estrangulador de Boston” fue apuñalado en la cárcel.

El juez Young de estas anécdotas, ha considerado que durante su larga carrera judicial ha visto un deterioro del derecho en Estados Unidos, consecuencia de que los congresos, tanto el federal como los estatales, van modificando las leyes de modo dar mayores ventajas a las autoridades gubernamentales y a las fiscalías. De este modo, los estrados judiciales se ven compelidos por las leyes a aceptar acusaciones que pasan por verdades. Este no es un fenómeno privativo de Estados Unidos, sino un fenómeno general en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, conforme a nuestra Ley Safco, las determinaciones que hagan autoridades de fiscalización, que pueden ser de la Contraloría, tendrán valor de “títulos ejecutivos”, antes de ser analizadas en juicio. Un título ejecutivo es, por ejemplo, un cheque o un documento semejante que determine un adeudo. Para los jueces, impugnar un “título ejecutivo” es tan difícil como impugnar un cheque o la veracidad de un documento.

Un examen minucioso de las leyes, mostrará cómo se va torciendo el concepto de la imparcialidad de la justicia, particularmente cuando se trata de favorecer a los poderosos, sean Estados, iglesias o bancos. Y al indicar al Estado se entiende las instituciones públicas en general. En el fondo, lo que se procura es desarticular los derechos de los particulares, de las gentes de a pie, sobre todo en la tendencia de nuestro tiempo a desmantelar las protecciones legales sobre las acciones sindicales y afines.

El autor es escritor.