El TAM y su rebelión contra la ley
Es hora de que los ministerios involucrados asuman el rol que les corresponde o, si no están dispuestos a hacerlo, que franca y abiertamente reconozcan su sometimiento a la voluntad militar
La decisión de los ejecutivos de la empresa aerocomercial Transporte Aéreo Militar (TAM) de desacatar franca y abiertamente, por sexta vez en menos de tres años, el plazo dado por el Gobierno nacional para que se someta a lo que mandan las leyes vigentes en nuestro país, y para que ponga al día sus deudas impositivas, puede ser interpretada como un acto de flagrante triple desprecio. Desprecio a la autoridad gubernamental, a las instituciones llamadas a hacer cumplir la ley y desprecio a la ciudadanía que pese a sus pésimos antecedentes todavía confía en sus servicios de transporte aéreo.
En efecto, tal como ocurrió en las cinco ocasiones anteriores, de nada sirvió que en diciembre pasado, con una incomprensible condescendencia, las autoridades gubernamentales aceptaran dar una nuevo plazo para que el TAM salga de una vez de la ilegalidad en la que opera. Ese nuevo plazo se venció el 27 de marzo pasado y, como si de lo más normal se tratara, los miembros del mando militar de esa empresa han informado sobre su decisión de hacer caso omiso de lo que manda la ley, ante la mirada impotente de unos ministros y cómplice de otros.
Cabe recordar al respecto que entre las instituciones cuya autoridad el TAM insiste en desafiar de manera sistemática y con total impunidad figura el Servicio de Impuestos Nacional (SIN), la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las que vanamente intentan, desde hace ya muchos años, hacer prevalecer la autoridad que les confiere la ley, autoridad que los mandos militares se niegan rotundamente a acatar.
Más grave aún es el hecho de que tan flagrante desafío se extiende a por lo menos tres ministros de Estado, cuya palabra es puesta en ridículo cada vez que renuevan su compromiso de hacer prevalecer su autoridad. Es el caso, por ejemplo, del Ministro de Economía y Finanzas Públicas quien en más de una oportunidad ha comprometido a respaldar al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en sus intentos de hacer efectivo el cobro de una deuda de al menos 50 millones de bolivianos que se remonta al año 2008.
Otra repartición estatal cuya autoridad es puesta en entredicho por el TAM es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Como se recordará, la última ocasión fue en diciembre pasado cuando dio un ultimátum para que esa empresa aerocomercial regularice su situación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El ministro del área aseguró solemnemente que si eso no ocurría hasta el 31 de diciembre de 2015, su despacho se encargaría de evitar que a partir del 1 de enero de 2016 continúe con sus ilegales operaciones aéreas.
Como si eso fuera poco, y como si fuera miembro de un Gobierno diferente al de sus colegas, el Ministro de Defensa ha salido una y otra vez a justificar esa situación. Ha llegado al extremo de poner en duda la conveniencia de que el TAM se adecue a lo que manda la ley pues, según su opinión, eso “amenaza con anular su esencia”.
Como se puede ver, estamos ante un caso extremo ante el que ya no caben los argumentos dilatorios. Es hora de que los ministerios involucrados asuman el rol que les corresponde o, si no están dispuestos a hacerlo, que franca y abiertamente reconozcan su sometimiento a la voluntad militar.
