Los observadores de la OEA

Gracias al impulso de Samuel Doria Medina, la Organización de Estados Americanos, mediante su Secretario General, dispuso la presencia de un observador internacional en la audiencia de medidas cautelares prevista contra el citado líder opositor, situación que fue fervientemente rechazada tanto por el Fiscal General y el Ministro de Gobierno, cuanto por el mismo Procurador del Estado, quienes al unísono, cumpliendo un rol muy cuestionable, salieron a rechazar la participación de este observador, anunciando incluso un reclamo formal.

 Al respecto y frente a un accionar tan singular de estos servidores públicos, cabe apuntar que en los últimos 25 años en el mundo en general hemos atravesado grandes cambios en el ámbito del Derecho, logrando comprender que un proceso judicial en sí, no incumbe sólo a las partes involucradas, sino a la sociedad y la democracia en sí, ya que el mismo se constituye en un indicador relevante del grado de cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos, razón por la que los principios de transparencia, publicidad, rendición de cuentas y acceso a la información han sido constitucionalizados en gran parte de las normas legales del continente, democratizando la comprensión y el desarrollo de los procesos jurisdiccionales con el reconocimiento de su carácter público, permitiendo la participación de terceros ajenos en el proceso, como los amicus curiae (amigos de la corte) de amplia trayectoria en la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los terceros interesados y, finalmente, las veedurías judiciales.

 En el caso concreto, resulta que los observadores internacionales, lejos de entorpecer un proceso, se constituyen en garantes de un adecuado y normal desarrollo del mismo, lo cual no debía molestar a ningún juez o tribunal, ya que si partimos de la premisa de que todo juicio es público, entonces, la participación de observadores no puede prohibirse bajo ningún criterio, siendo que la figura de la veeduría u observación judicial se encuentra plenamente vigente en jurisdicciones tan próximas como la de Argentina, país en el que cualquier juez, el momento que considere necesario, puede solicitar, incluso de oficio, la participación de veedores u observadores jurídicos (véase, sólo por citar un par de ejemplos, los casos Enargas a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, del Juzgado Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal No. 5 o el  caso caratulado como Enre en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal No. 10 de Argentina), partiendo de la premisa de que justamente la Declaración de las Naciones Unidas  sobre Defensores de Derechos Humanos, consagra el derecho a un juicio público.

 Organizaciones internacionales, como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), afirman: ‘… en general, los observadores no tienen ningún papel en la evaluación de las pruebas y argumentos presentados por las partes o en la ponderación de la culpabilidad o inocencia del acusado’, siendo que éstas y otras instancias como Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, Human Righs First y otras impulsan de modo permanente la participación de observadores mediante el monitoreo de procesos, existiendo una amplia experiencia al respecto, con lo que se demuestra que la OEA no ha cometido ningún exceso, sino más al contrario, fiel al espíritu de la Carta Democrática, ha propiciado la presencia de observadores judiciales en nuestro país, cuando la judicialización de la política, la ausencia de una verdadera independencia de poderes y un poder judicial altamente cuestionado, son la moneda corriente para el común de los mortales de este país.

El autor es abogado.