Un repaso necesario
Las últimas arengas a favor de la confrontación fratricida hechas por el Vicepresidente del Estado y su menosprecio por un importante (cuantitativa y cualitativamente) sector de la sociedad, los “clasemedieros”, sirven para recordar cuáles son las atribuciones que la Constitución Política del Estado (CPE) fija para el Estado y los primeros mandatarios.
Antes, conviene recordar que toda autoridad política electa por sufragio universal deja de ser representante de una parcialidad. Los primeros mandatarios lo son de la nación boliviana, que “está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (Art. 3).
Además, la CPE establece que entre los “fines y funciones esenciales del Estado” se encuentran la construcción de una “sociedad justa y armoniosa”; garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y al protección e igual dignidad” y reafirmar y consolidar la unidad del país (Art. 9).
Las dos primeras atribuciones del Presidente del Estado son cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y mantener y preservar la unidad del Estado, atribuciones que debe cumplir el Vicepresidente cuando asume la Presidencia (Art. 172).
En ese marco, todas las convocatorias a la confrontación entre bolivianos constituyen una violación de la CPE, que se suma a otras muchas como, para insistir en un tema de la agenda de conflictos actual, la habilitación del Primer Mandatario para ser nuevamente candidato.
La situación se agrava cuando grupos afines al MAS amenazan con actuar violentamente en contra de la gente que se opone al Código del Sistema Penal o la sentencia habilitadora, advirtiendo incluso con “sitiar” Santa Cruz.
Ante esos hechos, es pertinente exhortar a las principales autoridades del Gobierno a recuperar los límites dentro de los cuales deben encuadrar sus declaraciones, y asumir conciencia de que actuar como lo están haciendo ayuda a crear un escenario de violencia del que será muy difícil salir.
En este sentido, deben comprender que en las condiciones actuales que ellas mismas han creado sólo será posible recuperar un escenario de diálogo y paz si cumplen su fundamental función de mantener la unidad del país y subordinan sus propios intereses a los del bien común. Esto significa, a estas alturas, aceptar la revisión total del Código del Sistema Penal cuyas incoherencias han sido demostradas y desechar, conforme manda la CPE, una nueva postulación del Primer Mandatario.
Así también se recuperará la capacidad administrativa estatal. De lo contrario, estarán abriendo las puertas al descalabro.
