Asedio e impunidad

Una de las novedades más características introducidas por el régimen que nos gobierna desde 2006 es la constancia y la rigurosidad con que asedia los espacios políticos que escapan a su dominio total. Las gobernaciones y alcaldías “ajenas” sufren un cerco rígido, pesado, continuo, que complica notablemente la capacidad de sus rivales para gobernar las parcelas arrebatadas al monopolio total. Con la misma inflexibilidad que cerca a sus enemigos, el MAS defiende “sus” municipios con fiereza, cual si ello le llevara la vida, sin medir costos, ni acobardarse ante la evidencia de que sus prácticas equivalen a construir un verdadero y monumental altar a la impunidad.

La ciudad de Chulumani es el último de los municipios donde se repite el patrón de una intransigente defensa partidaria oficialista, cuando cunde en la población el descontento ante una administración afecta al MAS. Antes fue Irupana y también está, claro, Achacachi,  donde la rebelión de los vecinos incendió la pradera, sin hacer retroceder a los gobernantes que prefirieron ver romperse la unidad de los campesinos, antes que acceder a que su alcalde sea investigado y juzgado.

En cambio, los principales interpeladores fueron encarcelados casi de inmediato y el mítico Mallku Quispe se vio forzado a declararse en la clandestinidad para evadir las razzias policiales, siempre rápidas y efectivas cuando se trata de los enemigos, cuanto perezosas o fantasmales, cuando se trata de los propios y sus allegados. Y –aunque el poder oficial tuvo que recurrir a su ideólogo y profeta para inventarse una teoría exclusiva, según la cual los descontentos serían minoritarios comerciantes pueblerinos frente a los legítimos, empobrecidos y mayoritarios comunarios– el alcalde masista no tiene entrada en sus oficinas y gobierna a control remoto.

Más próximo, pero en la misma clave, está lo que ocurre en la ciudad de Cochabamba, donde la participación de funcionarios nacionales, como la principal de Aduanas y el viceministro de Justicia, no se esconde como en Achacachi y la celeridad de los procedimientos ante el representante opositor contrasta con la languidez con que se investigan las pesadas evidencias acusatorias que acompañaron la salida del anterior ejecutivo municipal masista.

La compacta e invariable defensa se acompaña de un asedio que no retrocede ante la posibilidad de regar sangre y tomar vidas, como ocurrió en El Alto, donde las investigaciones prolongadas y cansinas no encuentran culpables, lo que ya por sí mismo y en las circunstancias históricas vigentes, se aproxima demasiado a una confesión de parte.

Cierto que no caben en la misma categoría, pero despiertan igual indignación, las investigaciones fallidas de las espantosas muertes de Oruro y Huanuni, acompañadas del silencio o excusas de quienes son ultradiligentes en las querellas partidarias.

Lo que pasa en el plano subnacional ocurre también en el del Gobierno central, donde, a menos que un alto funcionario sea descubierto en plena comisión del delito, la defensa se erige impenetrable para resguardarlo, confirmando que esta administración ha hecho suya la máxima dictatorial de que “vale más un gramo de lealtad que una tonelada de talento”, como salió a relucir en el juicio de responsabilidades entablado por Marcelo Quiroga Santa Cruz contra el régimen de los siete años.

Salta a la vista que también en la esfera de la ruda competencia interna masista, no todas las lealtades pesan lo mismo, ya que estadísticamente se verifica que la de los varones se aprecia, en la cúpula de mando máximo, más que la de las mujeres definitivamente más expuestas a caer presas y quedar a la intemperie después de las caídas, a diferencia de sus colegas masculinos, muchas veces premiados, promovidos o enrocados.

Es dudoso que el machismo que tiñe la impunidad vaya a ser un elemento decisivo en el momento en que se  despejen todas las incógnitas de cómo procesa, finalmente, la sociedad la mortal dupla de impunidad–asedio que se ha implantado como signo distintivo de la época que nos toca atravesar. Pero, como fuere que sea el desenlace, es seguro que las cuentas serán exigidas y las preguntas, hoy sin respuestas, tendrán que ser contestadas.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.