37 años de democracia ininterrumpida

La democracia es pluralidad, coexistencia, espacio compartido, pero es también la efectiva participación de todos en la edificación de la casa común, que es la comunidad, y la participación social no es otra cosa que una cultura de corresponsabilidad y un conjunto claro con la justicia social.

Esas fueron las premisas que llevaron a los bolivianos a organizarse y resistir la dictadura militar de 1970-1980, que dio inició al sistema democrático el 10 de octubre de 1982 con la elección del Dr. Hernán Siles Zuazo como presidente constitucional.

Si bien de 1982 a 2005 hemos tenido seis elecciones presidenciales que afianzaron las libertades, con la actual administración estatal no hemos tenido la fortuna de convivir en total armonía con distintas expresiones políticas, porque el Movimiento al Socialismo entiende que el proceso democrático iniciado hace 37 años son ellos y el resto no cuenta.

La democracia no está secuestrada, ni quebrantada, como sostienen algunos de los llamados líderes opositores, y les guste o no, estamos en un período democrático que todos hemos consentido a partir de la elección del 12 de octubre de 2014 y que expira el 22 de enero de 2020.

Sin embargo, desde el año 2015, la función del Estado –que es salvaguardar la integridad física, los derechos y el patrimonio de las personas, preservando las libertades y la paz públicas– se ha ido deteriorando por la falta de policías eficientes y comprometidos con los ciudadanos que demandan combatir el crimen y la delincuencia de manera efectiva y honesta. La seguridad pública debe entenderse como el sustento del desarrollo, empero, para el Gobierno no parece ser es un asunto prioritario.

Y en el ámbito de la administración de justicia, desde el año 2007 el Gobierno extrema esfuerzos para tener un Órgano Judicial ineficaz y sin mayor capacidad ni obligación constitucional que certifique la supremacía de la ley.

En los 37 años de democracia ininterrumpida, la actual administración ha superado con creces a los nueve gobiernos anteriores (octubre/1982 a enero/2006) porque sus actos no se apegan al derecho, lo que impide impartir un marco jurídico de justicia ágil, eficaz y completa, con pleno respeto a los derechos humanos.

Lo que menos ha hecho el actual gobierno es mantener la vigencia de la ley, que significa impulsar los cambios que tiendan a mejorarla, para hacerla acorde a los tiempos dinámicos de una sociedad cada vez más abierta a lo que la rodea. Y la modernización de los ordenamientos legales y de nuestras instituciones resultaron una quimera, porque no está acompañada de una cultura apegada a la legalidad, que es el sustento más sólido del Estado de Derecho.

Hoy, los bolivianos tenemos el deber de preservar el Estado de Derecho y eso quiere decir que nadie esté por encima del orden legal establecido; pues es el propio Estado el primero que tiene la obligación de acatarlo.  

Visto así, el 20 de octubre, los bolivianos tenemos la oportunidad de hacer limpieza democrática, haciendo respetar lo que manda la Constitución Política del Estado. 

El autor es Abogado y docente universitario UMSS