El conflicto inminente por la Ley 1386
La pausa en las movilizaciones por la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas podría ser el preámbulo de días más conflictivos que los previos al retiro del proyecto de ley 218, hace poco más de dos semanas.
En efecto, el Gobierno niega la posibilidad de satisfacer esa demanda, pero ofreció abrirse a negociar la reglamentación de la ley rechazada, luego de las movilizaciones del pasado jueves, 21 de octubre, en varias ciudades y un paro cívico en Potosí, exigiendo la abrogación de esa ley que, entre otros aspectos, otorga a la UIF atribuciones contrarias a los derechos ciudadanos y faculta al Gobierno a ajustar sus medidas que bien pueden servir a la persecución política y, sobre todo, atentarían contra la propiedad privada.
La propuesta oficialista no convence a los descontentos que ahora organizan mejor sus movilizaciones en contra de la que ya llaman “ley maldita”. Dos reuniones multisectoriales, a realizarse antes del fin de semana, servirán para ese fin. Y el retorno a la presión en las calles está previsto para el jueves de la próxima semana.
Pero la persistencia de los sectores en rechazar esa ley no es el único factor que permite prever que este conflicto está lejos de ser superado. El tema es complicado también porque el oficialismo atraviesa un momento delicado al acercarse el fin de la gestión de las directivas camarales y su renovación, por una parte, y, por otra, la evaluación del desempeño de los ministros a cargo de los movimientos sociales que componen el MAS.
Ese tema intrapartidario se suma al hecho de que el grueso de los sectores que reclaman la abrogación de la Ley 1386 no son contrarios al oficialismo y el Gobierno difícilmente puede tacharlos de “golpistas” usando su argumento más elocuente cuando se trata de enfrentar cuestionamientos a sus decisiones.
“No somos pitufos azules, mucho menos pititas; somos cooperativistas bolivianos que apostamos a la unidad del país, a la reactivación del aparato productivo y, para eso, convocamos al Gobierno central, a sus ministros a trabajar, a ponerse la camiseta de nuestra amada Bolivia”, proclamaba ayer el presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia. “Nosotros (solos) tranquilamente podemos paralizar el país”, aseguró ese dirigente que propone una “ley corta” que modifique el artículo más conflictivo de la rechazada.
Otros sectores, la mayoría, exigen una nueva ley formulada en acuerdo con ellos. Así, parece que el conflicto serio será inevitable en una semana más. Tiempo escaso para que el oficialismo recupere la confianza de sus electores y logre convencerlos de su buena fe, si la tiene.
