Políticas agrarias: ¿coherencia o dispersión?

Hace un par de días, el gobierno de Arce Catacora ha promulgado el Decreto Supremo 4632 cuyo objeto es crear una serie de programas nacionales de apoyo a la producción de tubérculos y raíces, algodón, granos andinos, pesca y acuicultura, apicultura y agricultura urbana y periurbana.

Para el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, la aplicación de este decreto supremo “viabiliza una inversión histórica de Bs. 1.779 millones para la ejecución de seis programas productivos hasta el 2025, con la finalidad de duplicar los rendimientos, evitar el contrabando y sustituir las importaciones”. La importancia que esta autoridad le asigna a esta norma y el monto a ser invertido en un escenario de vacas flacas permiten inferir que los programas a desarrollarse serán los más importantes durante la gestión de gobierno.

Es importante recordar que hace un par de semanas, el Gobierno presentó e hizo aprobar su Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, que plantea la meta de sustituir importaciones en productos alimenticios estratégicos para consolidar la “seguridad alimentaria con soberanía”. Se supone que esta norma, por tanto, debería guiar la orientación de los programas y proyectos gubernamentales.

Una lectura de los propósitos de ambas disposiciones, en relación con los rubros que pretenden potenciar, invita a señalar contradicciones importantes y a constatar que el Decreto Supremo 4632 no parece plenamente orientado a aportar al cumplimiento de los resultados que se plantea el gobierno en el PDES 2021-2025, en el ámbito de la producción agrícola y la sustitución de importaciones.

Como se sabe, persiste en el país la alta dependencia de las importaciones de trigo y de harina de trigo para abastecer el consumo interno de un producto tan importante como el pan. A eso se suma el incremento de las importaciones de otros productos primarios (como papa, verduras, leguminosas y frutas) y diversos alimentos preparados. Tendencias que nos alejan de una situación de seguridad alimentaria con soberanía.

El PDES 2021-2025 plantea la sustitución total de importaciones de trigo, papa, hortalizas y frutas. Sin embargo, el Decreto Supremo 4632 —salvo el caso del cultivo de la papa— no contempla el desarrollo de ningún programa orientado a potenciar los rubros deficitarios mencionados.

Resulta curioso constatar que mientras el PDES 2021-2025 plantea incrementar la productividad en el cultivo de la papa de 7,5 toneladas métricas por hectárea (Tm/ha) a 32 Tm/ha en 2025, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, en una entrevista realizada en Radio Kawsachun Coca y reportada por la agencia ABI, pone esta meta en entredicho, pues señala que con el desarrollo del Programa Nacional de Tubérculos y Raíces, aprobado a través del Decreto Supremo 4632, se logrará incrementar la productividad de la papa de 7,5 Tm/ha a sólo 17,5 Tm/ha hacia 2025.

Es importante también señalar que este programa nacional —que consumirá el 43% del total de la inversión programada— prioriza variedades con características industriales que terminarán relegando a las variedades nativas cultivadas por una proporción importante de los campesinos pobres del país. El discurso del MAS de defensa y promoción de las semillas nativas o “ancestrales” frente al “avasallamiento” de variedades certificadas promovidas por los organismos internacionales va quedando en el olvido.

Finalmente, interesa puntualizar algunos aspectos en relación a los otros programas nacionales que serán financiados a partir del Decreto Supremo 4362. Por un lado, el cultivo de quinua, cuya producción se destina al mercado externo y su inclusión en este paquete de programas está más bien marcado por los compromisos de exportación que el país tiene de este producto con la China, y no con necesidades de sustitución de importaciones. Por otro lado, no se sabe qué productos agrícolas se obtendrán del Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Urbana y Periurbana, ni los objetivos de los otros programas contemplados (algodón, apicultura, pesca y acuicultura).

Un balance sobre los proyectos y programas desarrollados por el gobierno del MAS entre 2006 y 2015 señala que la suma de presupuestos ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural fue de 24.656 millones de bolivianos (3.509 millones de dólares). Sin embargo, la ejecución de una serie de proyectos minúsculos y dispersos en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, acuífero y forestal, no significó un mayor desarrollo de estos sectores, pues no se constata incrementos sustanciales de la producción ni de las exportaciones, ni tampoco la creación de más industrias de transformación.

Cabe preguntarse si los programas aprobados por el mencionado decreto supremo del gobierno de Arce Catacora tendrán resultados distintos de aquellos desarrollados por el gobierno de Morales Ayma. Al parecer, no, pues ante la ausencia de prioridades claramente establecidas, persiste la lógica de la dispersión.

El autor es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)