Profesionales inútiles y políticos ciegos por ignorancia

Todo indica que, para el Gobierno, los profesionales son inútiles. Un Ensayo del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), a ser publicado en próximos días, muestra que el índice de empleo de profesionales en el sector público creció a un promedio anual de 4% entre 2006 y 2020, mientras que el de “directivos” lo hizo al 6%, “obreros” al 7%, y el de “eventuales” al 12% (seis veces el aumento de la población económicamente activa, PEA). Además de menor demanda relativa por profesionales, el índice de su remuneración real cayó en -0,4% anual, pero creció al 2,1% para “personal de servicio”, al 4,1% para “obreros”, y al 7,0% para “eventuales”.

La situación en el sector privado no fue mejor. El índice global de remuneración real creció a 0,7% anual, pero el de los profesionales tuvo, de lejos, la mayor caída: -3,7% anual; en monto de remuneración real, los profesionales tuvieron una reducción anual de -1,1% mientras el promedio general del sector aumentó en 0,5%. Esto reflejaría una alta oferta de profesionales en una economía con crecientes niveles de precariedad del empleo.

La menor demanda de profesionales, sugiere que el Gobierno ignora que la profesionalización es hoy un requisito esencial para ejercer cargos públicos. Los nuevos paradigmas globales, generados por avances tecnológicos en campos tan diversos como la salud, comunicaciones, educación, producción o relaciones humanas, exigen a quienes ejercen cargos públicos una formación profesional actualizada en los aspectos científicos y tecnológicos relevantes a su disciplina, para entender las cambiantes relaciones de poder y de causalidad que la tecnología configura. En industria y comercio obliga, además, a mejorar continuamente la productividad y competitividad social.

En síntesis, la tarea ineludible de los gobiernos, es profesionalizar la administración del Estado como condición necesaria para el desarrollo: ¿lo estamos haciendo en Bolivia?

Sabiendo que cualquier decisión errada desperdicia recursos y reduce la productividad, no se necesita gran sagacidad para entender que, si un profesional idóneo en su especialidad puede cometer errores, es significativamente mayor la probabilidad de que un mal profesional —o, peor, un no-profesional—, los cometa; por eso la ley penaliza la designación en cargos públicos de personas no idóneas.

Pero la norma no se cumple en Bolivia porque los criterios dominantes en la administración política del Estado son la prebenda, el nepotismo y el favoritismo. Mientras escribo esta nota, los titulares hacen referencia a denuncias, desde las filas del propio partido de gobierno, de nepotismo que beneficia a la familia del presidente, y a las de dirigentes laborales hoy en función pública; cuestionan la profesionalidad y la capacidad técnica de ministros, pero basta oír a funcionarios y asambleístas repetir, mecánicamente, libretos de “golpe” y “recuperación económica”, para saber que no tienen idea de qué defienden.

Finalmente, en un claro ejemplo de trastoque de valores, un diputado acusa de “malagradecido” al viceministro que desnudó, en un poco usual ejercicio de honestidad intelectual, entretelones de los juegos de poder.

Desde otra orilla, nos alertan de un probable pronunciamiento desfavorable sobre el Silala, pero anotan que “el recientemente designado agente diplomático ante la Corte de La Haya, es un funcionario de tercera, sin título profesional”. Y si los resultados de las empresas públicas muestran algo, es que no están en manos de los mejores profesionales.

La lista de temas y de imposturas que nos brinda la viveza criolla del “le meto nomás porque los abogados lo arreglan” crece cada día gracias, precisamente, al pestilente “órgano” Judicial que ha sido arreglado, no para juzgar en ley, sino para tapar corrupción, incapacidad y mentira.

Paradójicamente, esta situación ha sido facilitada por la universidad, institución llamada a ser el referente y custodio de los principios y valores de ética profesional. La participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y ciertas universidades en la selección de candidatos para la elección judicial de 2018, conlleva corresponsabilidad sobre el actuar de los hoy mercaderes de la “ley” —formados sin ética en aulas universitarias y elegidos sin mérito suficiente, que la aplican a conveniencia en beneficio propio y de sus “socios”.

El uso discrecional de la ley induce anomía, y podría derivar en abierta ingobernabilidad o en una desobediencia civil generalizada, como muestra la cada vez más frecuente resistencia civil que obliga al Gobierno a retroceder en sus decisiones.

Pero, claramente, las motivaciones que alientan las pugnas no buscan corregir estos temas y evitar potencialmente desastrosas consecuencias para Bolivia. No. La pugna de los políticos —que cegados por su ignorancia se sienten “multifuncionales”— es porque consideran que tienen el derecho de lucrar del Estado bajo el mismo manto de impunidad que denuncian. Mejorar la eficiencia en la gestión o responder efectivamente a las necesidades de la gente, no son temas que les preocupen en lo más mínimo.

En este desastroso escenario, los profesionales con principios, con ética y con excelencia profesional, son inútiles en una sociedad cuyas instituciones alientan la mediocridad. Pero, ¿y la gente? Pues como siempre, ¡que se joda calladita!

El autor es investigador en desarrollo productivo