Ni comisiones ni discursos inútiles, reforma verdadera

El repudio ciudadano ante la degradación y la mafia judicial que libera asesinos y encarcela a inocentes está removiendo en algo la molicie estatal y gubernamental. El ministro Lima ha tenido que reconocer que, desde 2013, en el Órgano judicial operan “organizaciones criminales”; el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura han instruido intervenciones e informes, algunos opositores han desempolvado “propuestas”, y el propio presidente Arce, “ante la preocupante conducta de los jueces”, ha instruido crear una comisión para que investigue la impunidad de los feminicidas. Anoto algunas puntualizaciones necesarias, en un momento que debe ser propicio para la reforma estructural de la Justicia:

1. La sorpresa y la preocupación gubernamental ojalá sean al menos un reconocimiento autocrítico de la tragedia judicial. Si bien la crisis de la Justicia es centenaria, su agravamiento trágico corresponde a visiones gubernamentales hegemonistas y autoritarias que se desplegaron y explicitaron hace 15 años, desde el gobierno del MAS, que se concretaron en 2011 y 2017 con el copamiento electoral del Órgano Judicial, que continuaron en el Gobierno transitorio de Áñez y que no se han modificado un ápice en la gestión de Arce.

2. Fue García Linera el “ideólogo” de esa visión antidemocrática y contraria al Estado de derecho, visión que él mismo la explicitó, en 2013, en un folleto en los siguientes términos: “En esta etapa de transición, lo que predomina es la lógica del Estado (que) no puede ni debe perder ante nadie (…). El sistema judicial, no es una institución celestial, sino es parte del Estado. (…) La llamada independencia de poderes, en este caso del Poder Judicial, es una ilusión liberal…”.  (El “oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo Pág. 117-118, Vicepresidencia, septiembre 2013).

3. La elección popular de los jueces supremos, concebida en la Asamblea Constituyente como el mecanismo de despartidización de la justicia, fue manoseada por los 2/3 del MAS, que seleccionó como postulantes a sus afines y simpatizantes, dejando de lado méritos, idoneidades, experiencia, y antecedentes personales. Lo que, pese al rechazo popular del 55% en las urnas, entronizó en la cúpula judicial a personajes sin idoneidad, obedientes al gobierno de turno que, luego, reprodujeron en el resto del cuerpo judicial la improvisación, la mediocridad y el sometimiento partidario.

4. Fue en ese trágico escenario, de fractura absoluta de la independencia de poderes, dónde se formaron y consolidaron los consorcios delictivos de jueces, abogados, fiscales y policías. Fue allí donde operaron los hermanos Alcón, el uno como presidente del Consejo de la Magistratura, el otro como juez de ejecución penal. ¿Se sorprende recién ahora el gobierno del MAS de la existencia de esas mafias? ¿Acaso no fue el señor Iván Lima magistrado supremo entre 2014 y 2016, vale decir en el mismo periodo en el que según él, empezaron a operar organizaciones judiciales criminales?

5. Fuera de las “intervenciones” y de la exigencia de “informes”, la principal decisión gubernamental, con motivo del escándalo, ha sido la instrucción del presidente Arce de crear una “Comisión de investigación”. Parece que al presidente no le informaron que tal decisión está reflotando y recalentando, apresuradamente, una anterior comisión ineficiente, inútil y cuasi archivada, que fue creada por Ley 898 el 27 de enero de 2017, exactamente con la misma composición “institucional” y dónde todas las cabezas (ministros, Órgano Judicial y Parlamento), como ahora, son del MAS. Dicha “Comisión” se denominó de “Seguimiento de la Cumbre de Justicia” que, por supuesto, no siguió ni hizo nada, porque el centenar de “conclusiones” de la “cumbre” masista de 2016 nunca apuntó a la problemática estructural de la justicia —las carencias de independencia, idoneidad, recursos y acceso—, porque nunca se desmontó la visión “celestial” de García Linera.

6. Está claro que lo único sincero es la indignación popular y la movilización ciudadana que está suscitando la degradación judicial extrema, y ese repudio nacional tiene que ser la base para impulsar ahora la reforma judicial, vía referendo ciudadano, para modificar parcialmente la Constitución, cambiar la forma de selección y elección de jueces supremos, garantizar independencia e idoneidad, recursos suficientes y gestión administrativa transparente, amén de revalorizar la justicia originaria e instituir la justicia de paz.

7. Esperamos poco o nada del Estado y del Gobierno, pero si la indignación nacional saca de su hegemonismo al oficialismo y de su letargo a la oposición, tal vez pueda avizorarse un acuerdo nacional para la reforma judicial verdadera. Mientras tanto seguiremos impulsando la reforma vía referendo ciudadano.

El autor es político y abogado