Una firme posición
Es una tragedia lo que sucede con el avasallamiento, a cargo de conocidos grupos de loteadores, como se ha reportado en este periódico, de la hacienda lechera de La Angostura, de propiedad de la familia Canelas, y de otros predios, situados en distintas zonas del valle cochabambino, ante la mirada pasiva de las autoridades, que al parecer no dan valor alguno a las normas que protegen la propiedad y los derechos de las personas.
Pasmados, hemos asistido al aterrador espectáculo de una toma de tierras violenta, ejecutada gradualmente, como en cámara lenta, con cada nueva fase más cargada de violaciones a las normas que la anterior. Tras el asalto armado de la finca La Angostura, los avasalladores se han dado a la tarea de construir sus precarias viviendas en tierras labrantías, empleadas para cultivar el forraje del ganado lechero, para después destruir las acequías que llevaban agua a la hacienda, con el lamentable resultado de la inexorable muerte por inanición del ganado; se trata, claramente, de un biocidio, por supuesto que premeditado, penado por la ley, pero hasta ahora las autoridades eluden un pronunciamiento categórico al respecto. Es tal el poder de los invasores de estos predios privados que han logrado la instalación de energía eléctrica y no sería raro que, apelando a su influencia, fundada en afinidades políticas, también accedan a la habilitación de otros servicios básicos, de los cuales carecen otras zonas de nuestra ciudad.
Es por eso que, en medio del imperio del abusivo avasallamiento y de loteo ilegal, que cuenta con la complicidad de consorcios judiciales, es muy importante que la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba haya solicitado al Gobierno y a entidades como el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, entre otras, que presten atención a la problemática derivada de los avasallamientos que ocurren en el departamento desde hace varios años.
A esta valiente y necesaria manifestación pública se han sumado el Comité Cívico de Cochabamba, la Cámara Agropecuaria, la Asociación de Avicultores, la Cámara de la Minería, la Federación Departamental de Juntas Vecinales, la Asociación de Lecheros y otras instituciones, que también están afectadas por estos avasallamientos.
El presidente del empresariado cochabambino, Luis Laredo, ha sido firme al reclamar la aplicación de una norma específica contra el avasallamiento, promulgada -por increíble que parezca- en 2013 durante el gobierno del ex presidente Evo Morales, y también al exigir la actuación de las autoridades: “Hacemos un llamado para que puedan empezar a actuar las diferentes instancias gubernamentales y empiecen a desalojar a esta gente que ocupa ilegalmente las tierras y construyen, amedrentando a los propietarios”.
El avasallamiento de propiedades privadas —y también fiscales— es inconstitucional e ilegal, pero también es una señal pésima para las nuevas inversiones y, en general, para la seguridad jurídica. Esperemos que, en atención a este contundente pronunciamiento institucional, las autoridades esta vez tomen cartas en el asunto y hagan respetar las leyes y el derecho propietario.
