¿Es éste el modelo de país con el que soñamos?

¿Cómo se sentiría si alguien incitara públicamente a incendiar el lugar donde usted trabaja, pero, además, a que la población lo asesine —así como a sus colegas— y que quien haga tan diabólica provocación fuera nada más y nada menos que un excandidato a Defensor del Pueblo? ¿Se imagina en qué estado de indefensión quedaría la ciudadanía si tal sujeto, por azares del destino, pudiera llegar a ser tal autoridad? ¿Quién nos defendería de él, entonces?

Aunque usted no lo crea, lo mencionado acaba de suceder en nuestro país, en Santa Cruz de la Sierra, tal como lo registraron los medios de comunicación, así como las redes sociales que estallaron ante la troglodita propuesta realizada en pleno siglo XXI.

No podía ser de otra forma, tomando en cuenta la gravedad de las intolerables amenazas proferidas por Pascual Mamani Marca, reitero, excandidato a defensor del pueblo, instigando a través de un video a quemar el canal de televisión Unitel y a matar a sus periodistas, filmación que realizó en las afueras del prestigioso medio de comunicación, acusándolo de racismo, división y odio.

Así reflejó la Agencia de Noticias Fides (ANF) lo dicho por Mamani: “Hoy quiero preguntar a todo el país, con esta encuesta, qué es lo que debemos hacer. Primera opción, buscar que se quite la licencia del funcionamiento. Segunda opción, hacer de que se queme este canal de televisión. Tercera opción, hacer Ayo Ayo (masacre de chuquisaqueños a manos de indígenas en 1899) a los periodistas de este canal de televisión” (“Excandidato a defensor y afín al MAS instiga a quemar Unitel y matar a sus periodistas”, ANF, 10.01.2023).

Hay que recordar que la última acción barbárica de justicia por mano propia (“Ayo Ayo”) se produjo hace 19 años, con varios simbolismos de por medio que deberían golpear a cualquier sociedad que se precie de ser civilizada: “A los pies de la estatua de Túpac Katari, el alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, murió quemado por una supuesta turba de campesinos que lo juzgó por presunta corrupción. Al lado del cuerpo, un epitafio escrito en un cartel resumía el pretexto que había impulsado el asesinato: “Justicia comunitaria contra la ley, donde no hay justicia social” (“Secuestrado, golpeado y quemado; así murió el Alcalde de Ayo Ayo”, Bolivia.com, 16.06.2004).

Como no podía ser de otra manera, tratándose de un atentado contra la libertad de expresión —contra la vida misma, además— la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se pronunciaron en defensa de la red televisiva Unitel y de sus trabajadores, exigiendo a la Fiscalía General del Estado “actuar de oficio y adoptar las acciones que manda la ley para sancionar la instigación pública lanzada por Mamani Marca”, ya que el hecho está tipificado como delito y sancionado por el Código Penal. Sin embargo, nada…

Llamó la atención, también, que el flamante Defensor del Pueblo no haya tomado cartas en el asunto, pese a la abierta amenaza a los periodistas, lo que hizo recordar otro delito en flagrancia —el de Las Londras, igualmente en el departamento de Santa Cruz— donde civiles, portando armas de alto calibre, secuestraron a periodistas de Unitel, Red UNO, ATB y El Deber, hecho que luego de un año y medio de ocurrido, tampoco ha tenido una resolución acorde a lo que manda la ley, sumándose a decenas de agresiones impunes que se están dando en los últimos tiempos contra la prensa, dejando ello un sabor amargo en la boca.

Frente a la conflictividad que no para en el país, con bloqueos, paros, dinamitazos, agresiones, enfrentamientos entre civiles y con las fuerzas del orden; las frecuentes afrentas a la ley, que no son pocas, sin que nadie haga nada, al extremo que cualquiera amenaza públicamente con cercar una ciudad o asesinar a una autoridad, como hizo un dirigente de la CSUTCB en octubre de 2022 sin que por lo menos se le diera un “jalón de orejas”, salta la pregunta que deberíamos hacernos los bolivianos: ¿Es éste el modelo de país con el que alguna vez soñamos?

Quienes soñaban con un gran cambio, ¿no se dan cuenta, acaso, de la terrible pesadilla que vivimos? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de actitudes? Ante la persistencia de situaciones como las referidas y otras que tienen que ver con la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, etc., la dolorosa respuesta es que así no vamos a ninguna parte o —tal vez sí— hacia un desastre.

Lo he dicho más de una vez y lo repito ahora: Nada hay más pernicioso —como señal para la población— que crear sesudas leyes y normas que no se cumplen; como tampoco el concebir rimbombantes instituciones que ni cumplen ni hacen cumplir esas sesudas leyes y normas.

Tan peligroso mensaje —cuando la ley no es pareja— conlleva el riesgo de un descontrol y la vulneración de los tan defendidos derechos humanos, trayéndome a la memoria la obra de George Orwell, Rebelión en la granja, que magistralmente satiriza: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros...”.