El negocio de los procesos judiciales internacionales

Hace más de un año, el 20/07/2022, escribí en este mismo espacio un artículo con el título que encabeza éste y repito su publicación entiendo que es útil que la opinión pública tenga una idea mínimamente aproximada sobre las hirientes características de los funestos procesos judiciales internacionales y el lamentable rol que casi siempre juega la Procuraduría General. En dicho artículo señalé lo siguiente:

Bajo el titular “Bolivia pierde más de $us 700 millones en al menos 12 arbitrajes por las ‘nacionalizaciones”, Los Tiempos  del 17/07/2022 da cuenta de que “el (entonces) procurador Wilfredo Chávez explicó que no se puede hablar de pérdidas porque Bolivia pagó ‘montos razonables’ y no los montos demandados por las empresas demandantes”; tampoco olvidamos que el embajador Héctor Arce Zaconeta fue el campeón de todos los procuradores del país.

Por tanto, debemos sentirnos “felices” por tantas pérdidas judiciales y los “montos razonables” que sonsacan al país, a cuyo propósito corresponde señalar que son recurrentes las demandas judiciales internacionales que se ejecutan empleando procedimientos inmorales poniéndose en marcha una maquinaria introducida en el derecho internacional a través del arbitraje de diferencias Estado-inversor (conocido por ISDS, por sus siglas en inglés).

Michael Robinson de la BBC efectuó un estudio al respecto, señalando que “cada caso es juzgado por un panel de tres árbitros, seleccionados por el Gobierno y el inversor involucrados en el caso, de una corta lista de abogados especializados. Los tribunales se pueden reunir en el lugar que convenga a las partes y las decisiones se basan en lo estipulado en los tratados más que en las leyes nacionales. Los casos pueden tomar años en resolverse y son costosos. Además de pagar los honorarios de los árbitros, cada parte puede contratar a sus abogados”.

Desde luego que los tratados casi siempre están predeterminados por el país más fuerte o el inversor transnacional. Se esfuma la noción de soberanía porque no se tramita en el territorio del Estado nacional, no se toman en cuenta las leyes ni los tribunales nacionales.

Generalmente terminan ganando las corporaciones multinacionales y los países fuertes, desde luego también los árbitros y los equipos de abogados. Los altos costos del proceso deben pagar los Estados pobres y también a sus abogados, que generalmente son extranjeros porque se argumenta que tienen mejor formación jurídica y poseen “mejores contactos”. Estos montos millonarios no los pagan los gobernantes sino el pueblo con los impuestos que se les impone.

Si los gobernantes del Estado perdidoso son corruptos, el arbitraje es un gran negocio que los beneficia sin importarles si gana o pierde el Estado, en ocasiones son los impulsores de “arbitrajes concertados” y muchas veces son negociados secretamente.

El Estado débil pierde por todo lado:

1) Paga a la transnacional o al Estado adverso por el monto que ha reclamado en relación a presuntas inversiones y por otros gastos realizados.

2) Paga la indemnización por los supuestos daños provocados.

3) Paga a los árbitros que conocieron y resolvieron el asunto.

4) Paga a los abogados que contrató para su demanda.

5) Paga por los demás gastos que realizó en la tramitación del asunto.

6) Y, finalmente, el pueblo queda esquilmado.

Además, no está reconocido el derecho a la apelación ni sobre el fondo del asunto ni sobre el monto impuesto por el tribunal, que casi siempre alcanza cifras millonarias, vulnerándose este derecho que es principio del Estado de derecho universal como forma de seguridad jurídica.

Estos tribunales arbitrales se conforman convocando a abogados que se encuentran matriculados internacionalmente para estos casos, no es raro que muchas veces se den consorcios entre éstos y los árbitros e incluso que los árbitros provengan directa o indirectamente de los estudios jurídicos internacionales, lo que constituye un cuadro de supracorrupción, más aún si media acuerdo subrepticio con los gobernantes corruptos del Estado demandado o demandante, que en muchos casos son simplemente dependientes de las grandes corporaciones.

Este inmenso mar de corrupción explica por qué algunos individuos se desesperan por llegar a ser gobernantes de los países pobres, ya que ellos también ganan con el “justo reconocimiento” de los juicios internacionales perdidos.”