El modelo 50/50, un camino
La propuesta del Gobierno Nacional de avanzar con el modelo 50/50 para la redistribución de recursos ha despertado la esperanza de las regiones por contar con más recursos y resolver sus múltiples problemas económicos. Las nuevas autoridades, que asumieron la conducción de las alcaldías y gobernaciones en mayo pasado, han encontrado instituciones financieramente “quebradas” de ahí la urgencia de que se dé un giro a la redistribución de recursos; pero, también, la necesidad de atender la emergencia.
Si bien el presidente Rodrigo Paz ha presentado la medida como un mecanismo para reducir el centralismo, las regiones han depositado en esta determinación su esperanza de acceder a más recursos para ejecutar inversión pública que se traduzca en obras, servicios básicos, hospitales e ítems para salud y educación, aunque lo más urgente es cerrar esta gestión con los recursos necesarios.
En su reciente encuentro, entre el presidente Rodrigo Paz y 10 alcaldes de capitales y la ciudad de El Alto, el Primer Mandatario remarcó “que la Agenda 50/50 es un proceso de ‘coconstrucción’ para equilibrar responsabilidades, competencias y recursos entre todos los niveles de gobierno. Anuncio que se contará con el respaldo técnico del Banco Mundial para avanzar en la transformación de la estructura del Estado centralista”.
¿En qué consistirá el modelo 50/50? Con esta medida se busca dejar atrás el modelo centralista y avanzar hacia la autonomía, pero con la asignación de más recursos a las regiones y; también, competencias.
Entre las propuestas que se plantean están que el 50 por ciento de los ingresos nacionales se distribuyan entre las alcaldías y pueblos indígenas, además de las gobernaciones departamentales y las universidades públicas.
El nuevo modelo y relación que el Gobierno Nacional busca establecer con las regiones requiere del respaldo de una normativa sólida que inyecte más recursos a los departamentos que realmente repercutan en mejorar la calidad de vida de sus habitantes y reduzcan las brechas en el acceso a los servicios básicos. Sin embargo, también, es urgente que las alcaldías y gobernaciones elaboren planes para generar sus propios ingresos para realmente avanzar hacia una gestión sostenible y autonómica.
Si bien la prioridad de 2026 es que las alcaldías, gobernaciones y universidades terminen el año sin un mayor déficit que el encontraron las nuevas autoridades, la Agenda 50/50 debe alejarse del discurso y traducirse cada vez más en una realidad que impulse a las regiones a avanzar después de definir —claro está—, sus prioridades y no solo a través de la ejecución de obras de cemento o pequeñas obras que finalmente no repercuten en mejorar la vida y la economía de la población. No se trata de disputar con el Gobierno los recursos, sino de usar esos fondos donde realmente se necesitan.
