EEUU advierte que Murillo y otros cuatro acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión
El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió este miércoles, tras arrestar al exministro de Gobierno, Arturo Murillo y otros cuatro acusados por los presuntos delitos de soborno y lavado de dinero, que podrían enfrentar hasta una pena máxima de 20 años de prisión, si resultan culpables.
Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un plan de soborno y lavado de dinero.
El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.
“Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”, señala el documento.
Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36 y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el plan de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.
Durante ese tiempo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron USD 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro funcionario del gobierno boliviano.
Los sobornos fueron pagados, según la investigación en EEUU, para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato por aproximadamente $us 5,6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales.
Para promover el plan de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld a continuación lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $us 582.000 en efectivo para Murillo, quien fuera hombre fuerte del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y para Méndez.
El Fiscal General Adjunto Interino Nicholas L. McQuaid de la División de Materia Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González; y el Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés) en Miami, hicieron el anuncio.
La Abogada Litigante Jil Simon y el Director Adjunto Gerald M. Moody Jr. de la Sección de Fraudes de la División de Materia Penal y el Fiscal Federal Adjunto Eli S. Rubin de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. El Fiscal Federal Adjunto Marx P. Calderón está manejando la confiscación de activos.
La Sección de Fraudes es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés).
Los cargos en la demanda son acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que y hasta que se pruebe su culpabilidad.
