Comité cruceño: "No se puede levantar el paro hasta tener una ley del censo"

Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, afirmó este martes que el paro en ese departamento - que ya lleva 32 días- no se levantará hasta que se apruebe la Ley del Censo.

"No se puede levantar el paro hasta tener una ley en mano", afirmó Cochamanidis, a tiempo de reprochar que el debate de los proyectos de Ley sobre el censo estén "estancados" en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El dirigente cívico, en contacto con El Deber, aseveró que el "pueblo" cruceño necesita tener algo escrito porque ya no confía en la palabra del Gobierno.

"Es lamentable que el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga con sus artimañas, no por nada hemos llegado a esta instancia, porque el pueblo necesita algo escrito, ya que no confiamos en su palabra porque no cumplen", afirmó.

Cochamanidis, en esa línea, fue enfático en señalar que la única forma de levantar el paro es con la aprobación de una Ley del Censo.

"Con seguridad que lo más importante es que la gente se puede ir a su casa con la tranquilidad de tener una ley, serán nuestros diputados quienes vean la mejor opción, pero entendemos que todos lo que buscamos son los resultados finales para tener mejor redistribución de escaños y recursos económicos", sostuvo.

Entretanto, a las 12 de este martes se reinstaló el debate en la Comisión de Diputados, mismo que ya tuvo dos cuartos intermedios y cuya falta de resultados imposibilitó la sesión del pleno de la Cámara Baja.

Se sabe que cuatro normas, una de ellas del oficialismo, están en mesa y sujetas a consideración.

La del oficialismo mantiene el contenido del decreto 4824, que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y para septiembre la redistribución de recursos de coparticipación tributaria, al igual que los datos para la reasignación de escaños en vista a las elecciones de 2025. En las propuestas de oposición se plantea el censo en 2023, por lo que el tratar este tema -.explicó Jáuregui- implicaría afectar las competencias del Ejecutivo.