Se vienen los duros efectos del cambio climático y urgen una nueva ley de agua
En Bolivia se agudiza la escasez y el mal manejo del agua como resultado del cambio climático y los fenómenos del Niño y la Niña. En este escenario, se vuelve urgente y vital la aprobación de una nueva ley del agua que responda al contexto actual, supere los vacíos normativos y garantice el acceso equitativo al agua como derecho humano y bien común, coincidieron dos expertos.
Sequías extremas, inundaciones, incendios forestales y una creciente presión urbana han dejado en evidencia la vulnerabilidad estructural del país ante la crisis hídrica.
Los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña no son nuevos en Bolivia, pero su intensidad y frecuencia sí lo son. En los últimos 40 años, el país ha enfrentado varias crisis vinculadas a estos eventos: sequías severas en 1982, 1997, 2016 y, recientemente en 2023, todas caracterizadas por anomalías drásticas en las lluvias y el régimen hídrico, enfatiza la investigadora de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Elizabeth Vargas.
El cambio climático, impulsado por el calentamiento global y la acumulación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, ha intensificado estos eventos extremos. Bolivia es especialmente vulnerable: su ubicación geográfica y diversidad ecosistémica la convierten en uno de los países sudamericanos más expuestos a estos impactos.
“Si antes los ‘Niños extremos’ se daban cada 15 o 20 años, ahora podrían presentarse cada 10 años o menos. Y cada vez son más intensos”, alertó el director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Heber Araujo.
Para el investigador, los efectos del cambio climático son una realidad y, pese a las intensas lluvias que se registran actualmente, la sequía será inminente en la zona de los valles, el altiplano y el chaco boliviano. Por lo tanto, urgen políticas públicas para encarar la mitigación de los efectos del cambio climático en el país.
Actualmente, ya se realizan acciones de protección de las fuentes hídricas, pero esto tiene que institucionalizarse como políticas desde todos los niveles de gobierno, añade Araujo.
En Bolivia, el modelo extractivista y las políticas inadecuadas en materia de uso de suelos han profundizado la crisis ambiental. Actualmente, el país ocupa el tercer lugar mundial en deforestación, con más de 300.000 hectáreas taladas anualmente.
Esto no sólo destruye los hábitat naturales, sino que altera gravemente el ciclo natural del agua: sin cobertura vegetal, el suelo pierde capacidad de retención y filtración del agua, disminuyendo la recarga de acuíferos y aumentando el riesgo de erosión y desertificación, explica Vargas.
Los incendios forestales, especialmente los de los últimos años, han afectado directamente la disponibilidad de agua, contaminando fuentes y dañando ecosistemas estratégicos.
En este contexto, la legislación vigente en Bolivia sobre el agua es obsoleta. Data de 1906, una época en la que ni el cambio climático ni la urbanización masiva eran problemas visibles. Hoy, la realidad es otra: crecen las ciudades, se expande el uso industrial del agua y los efectos del cambio climático ya no son futuros, sino presentes, coincidieron Vargas y Araujo.
No existe una autoridad nacional del agua con una mirada integral que regule, fiscalice y planifique el uso de este recurso vital. La APS, entidad actual encargada, se limita al agua potable y saneamiento, dejando fuera aspectos clave como la gestión de cuencas, aguas subterráneas, agricultura y protección de fuentes hídricas.
Vargas cuestiona que hoy nadie controla de forma efectiva cómo, cuánta y para qué se usa el agua en Bolivia. No hay una entidad que supervise si se cumplen las normativas ambientales ni una ley que reconozca los múltiples usos del agua: humano, agrícola, ambiental, industrial.
La nueva ley debe partir de un principio fundamental establecido en la Constitución: el agua es un derecho humano y debe priorizarse para la vida, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas.
El desafío no es solo técnico, sino profundamente político. La sociedad civil exige que el proceso de redacción y aprobación de esta ley sea transparente, participativo y no subordinado a intereses corporativos ni electorales. “Queremos que el agua sea para todos, y que se dé el uso prioritario del agua para la vida: consumo humano, producción de alimentos y la misma naturaleza, la Madre Tierra”, subraya Vargas
Una nueva Ley del Agua debe integrar las necesidades de la población, el conocimiento ancestral, la ciencia y la justicia ambiental.
