Feminicidios: Cochabamba ocupa el segundo lugar con siete víctimas

En Bolivia alarma el aumento de los feminicidios, pero también la saña con la que algunos hombres acaban con la vida de una mujer. Hasta el 22 de mayo, el país reporta 35 feminicidios y Cochabamba ocupa el segundo lugar con siete víctimas, después de Santa Cruz y antes de La Paz (ver infografía).  

El último caso en Cochabamba, de Rosa Cabezas (45), impactó a la sociedad por la crueldad con la que murió. La víctima fue violada, descuartizada y sus restos fueron embalados en bolsas que después se encontraron dentro de un refrigerador.

Las instituciones que se dedican a la lucha contra la violencia a la mujer señalaron que el Estado y los gobiernos subnacionales no tienen “voluntad política” para prevenir estos hechos y tampoco asignan el presupuesto que se establece en la Ley 348.

Para la directora de la Oficina de Apoyo para la Familia, Andrea García, “no hay voluntad política” de las autoridades de todos los niveles para prevenir y atender los casos de violencia y sólo se dedican a poner “parches”. Aseguró también que el fracaso en el ámbito de prevención reside en que no se tienen políticas institucionalizadas de prevención de violencia.

“No hay interés político de trabajar el tema. El Gobierno, gobernaciones y alcaldías dan respuestas muy parches, ambiguas, muy al calor de la coyuntura, no hay políticas bien pensadas. No hay un plan de acción que sea muy consistente (...). Desde mi punto de vista son parches porque no hay intención política de dar una respuesta real”, dijo.

Agregó que las políticas de prevención de los municipios no continúan por el cambio de gestión. “Esto sucede en todos los municipios, se cortan estos planes y se improvisan otros. Ojalá fueran mejores, pero no”, dijo.

La Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se aplica sólo en un 30 por ciento, según la abogada especializada en violencia y coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.

En la Ley 348, además, se determina que los gobiernos subnacionales deben entregar el 5 por ciento de los recursos del IDH para la lucha contra la violencia, pero algunos cumplen sólo con un monto mínimo y otros no otorgan nada. “Para los concejales no es una prioridad (la lucha contra la violencia), todo es cemento, su prioridades son obras. Es la naturalización de la violencia, de las mujeres mismas, no negamos que hay un porcentaje, pero es una cifra mucho menor. No hay una voluntad política”, indicó.

Cortez lamentó que las instituciones y el Gobierno reaccionen sólo cuando se registran los feminicidios y no cuando se denuncia la violencia. “El Gobierno lo que hace es manejar las cifras frías y pretende decir que hay un 90 por ciento de resolución de los casos, pero eso es sólo cuando hay feminicidio, cuando la mujer ha muerto. Hay miles de casos anuales que se quedan en datos y no se hace nada para prevenir la violencia a la mujer”, cuestionó Cortez.

Indicó que, además, se debe mejorar el acceso a la justicia. “Cuando hay un alto índice de impunidad se legaliza la violencia. No se trata de hacer más leyes, se trata de efectivizar las que hay. El papel soporta todo, de que nos sirve una nueva ley si no se cumple, todo queda en discurso”, manifestó Cortez.

Violencia en escalada

Para la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Jinky Irusta, la violencia a la mujer está en escalada y no hay acciones del Estado destinadas a la prevención, para a evitar las muertes. “Debería atacarse mucho el tema de la prevención y la atención, ¿qué acciones o políticas están tomando las instituciones desde el municipio, gobernaciones y el Estado? No estamos viendo una respuesta integral y está preocupando la saña de los casos. El último feminicidio fue atroz”, dijo.

Para Irusta, los SLIM se han convertido en un “botín político”, pues cambian constantemente de funcionarios, por lo que no estarían cumpliendo con la Ley 348, que determina que se debe tener personal especializado para atender y prevenir la violencia.

Por su parte, García, en la misma línea, señaló que los agresores “saben que fácilmente pueden salir. Es el caso de este último feminicidio (de Rosa Cabezas) donde primero se declara culpable, pero se retracta. Su abogado sabe que en seis meses su cliente puede salir libre. Si sale, en un sólo día ya fuga, eso nos ha pasado”, lamenta.

DIFERENTES OPINIONES

Cada que una mujer denuncia violencia se hace una valoración psicológica y lo mismo debería hacerse con el agresor, para identificar si tiene el perfil de un feminicida y el riesgo para la víctima, pero es algo que no se lo hace.

Andrea García, Oficina de Apoyo para la Familia

Este tema no es sólo responsabilidad del Estado, nos atañe a todos, debe llamar a la reflexión. La solución no pasa por incrementar las penas, sino que vayamos trabajando en políticas concretas.

Jinky Irusta, Oficina Jurídica para la Mujer

Todo pasa porque el Estado asigne un presupuesto para la lucha contra la violencia, cero destina el Gobierno para ello y menos del 1% para la administración de justicia.

Mercedes Cortez, Fundación Voces Libres