Exfiscal venezolana Luisa Ortega atribuye "persecución" al caso Odebrecht
MÉXICO |
La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega atribuyó la "persecución sistemática" del Gobierno de Nicolás Maduro hacia ella y personal del Ministerio Público a la investigación del caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios de la región.
"Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos y personajes que se enriquecieron", afirmó en un enlace telefónico con la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina que hoy concluye en la ciudad mexicana de Puebla.
"Esta investigación involucra al señor Nicolás Maduro y su entorno", por lo que cualquier información que sea remitida al Ministerio Público "va a ser utilizada para fines contrarios a los previstos", la evidencia sería destruida y la información aprovechada "para atentar contra la fuente", advirtió.
Ortega fue una aliada del chavismo gobernante, que defendió su gestión hasta inicios de este año y ahora la acusan por las 120 muertes ocurridas en las protestas contra Maduro y la vinculan con una supuesta trama de extorsión por la que ya fue emitida una orden de captura contra su esposo, el diputado Germán Ferrer.
Al respecto, refirió que en Venezuela se vive "una situación bien difícil, una crisis", debido a "un Gobierno que no es demócrata, que asumió la independencia de los poderes públicos como una amenaza a su estabilidad".
"Lo que ocurrió el sábado 5 de agosto fue la materialización de las amenazas y asedios que durante meses vivimos todos los que trabajamos en el Ministerio Público. Nuestra institución fue tomada militarmente por la fuerza de las bayonetas", dijo, aludiendo a la fecha en que fue removida de su cargo.
Contó que ese día "más de 300 militares de la Guardia Nacional y otros cientos de funcionarios de la policía política participaron en este deshonroso evento".
"El personal del Ministerio Público y muchos fiscales fueron desalojados de forma violenta de sus lugares de trabajo. Ellos y todo el personal fueron sometidos a degradantes humillaciones y muchos han tenido que abandonar el país por temor a represalias o a que atenten contra su vida", aseveró.
Añadió que a 74 fiscales nacionales especializados en corrupción se les ha dictado prohibición de salida del país "sin ninguna fórmula procesal, o sea por capricho del Gobierno, y mucho de esto tiene que ver con la investigación de Odebrecht".
"Todos ustedes conocen ese caso; el mayor hecho de corrupción en la región", abundó.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció a fines de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EEUU reveló que la constructora brasileña había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido el propio Brasil.
En el enlace telefónico, Ortega dijo ser objeto de una "persecución sistemática", y añadió que el pueblo de Venezuela también es "perseguido y dominado a través de las armas del hambre y las enfermedades".
"Es un calvario conseguir alimentos y medicinas en nuestro país. Y el Gobierno pretende dominar a mi pueblo, a mi Venezuela, a través de la miseria. Y eso lo denuncio ante ustedes", manifestó.
Finalmente, agradeció las muestras de solidaridad recibidas y aseguró que seguirá en pie de lucha. "Podrán inventar casos, me podrán inventar delitos, podrán seguir encarcelando y persiguiendo a mis familiares y mi entorno, pero jamás renunciaré a algo que juré, que es defender hasta el último aliento la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela", afirmó.
A su vez, el procurador general de México, Raúl Cervantes, condenó en nombre de los fiscales participantes en la reunión "la ilegal y arbitraria destitución y persecución" de Ortega, en "evidente contradicción con el marco constitucional y legal" de ese país.
La hoy exfiscal se distanció del Gobierno a fines de marzo al denunciar la ruptura del hilo constitucional y repudiar la represión de las fuerzas del orden contra las protestas ciudadanas, por la que acusó al Ejecutivo de acometer "terrorismo de Estado".
