Incumplimiento de deberes

Incumplimiento de deberes es el nombre que recibe una figura penal que sale a menudo a relucir en varios de los casos de corrupción en la Administración Pública.  Incumplir un deber es faltar a una obligación legal inherente a las tareas propias de la función pública, cualquiera sea su grado o nivel. Un hecho que por repetido forma parte ya del acervo de prácticas en Bolivia tan enraizado que hasta inadvertido resulta.

Los miles de trámites de “regularización técnica”, en la Alcaldía, por infracciones a las normas de construcción están ahí como prueba tanto del hábito de sacudirnos  la norma,  como de faltar al deber de control de los funcionarios, lo que en otros países lleva a sus responsables a los Tribunales. El tipo penal en cuestión no aborda claro está lo que también es muy común en las oficinas públicas como la carencia de recursos, medios o personal, lo cual podría atenuar la culpabilidad y hasta incluso liberarla, sobre todo a los subalternos. Sin embargo, en casos como éste, las inacciones pueden ser altamente remuneradoras; las multas acumuladas son un caudal que las arcas municipales siempre agradecen, por lo que la inacción podría no ser tan inocente. En realidad, las inacciones pueden ser resultado no sólo de debilidades en los sistemas de control, sino de directrices  políticas que dejan determinados lugares sin control administrativo y también judicial.

Pero, los agravios son mayores cuando intereses como el medio ambiente son los impactados, porque nuestro patrimonio natural no tiene en el Estado a su principal defensor. El Parque Tunari viene bien como ejemplo. Si la Gobernación y la administración del parque, en sus diferentes gestiones, hubiesen cumplido con el deber legal de controlar las miles de construcciones ilegales que existen dentro, su existencia no estaría en peligro.  El argumento manejado para explicar esta situación: la falta de recursos.

 Hablando de recursos, a propósito del ofrecimiento hecho por el Ejército de colaborar con un cuerpo de vigilantes permanente para su patrullaje, la responsable de la Secretaría de la Madre Tierra señalaba la imposibilidad de subvenir a las necesidades de infraestructura requeridas por el Ejército, por insuficiencia de presupuesto (Diario Opinión, 31-10-2017). Si el cumplimiento de los deberes de control no dependiera del juego de oscuros intereses que parece que existe dentro, este no debería ser  un argumento discapacitante. Cuando no hay presupuesto pues se lo negocia e incluye con la debida anticipación en el presupuesto anual de la institución, para lo cual el parque debería, por supuesto, ser un objetivo prioritario de gestión. La obligación de control  necesita de recursos para su ejecución y sucumbe aquí, como en otros casos,  a la ausencia de una voluntad política que, en definitiva, incumple deberes y termina cómplice de  la red de  intereses de los loteadores.

En ese mismo tono, si el medioambiente importara quizás el Gobierno en un esfuerzo por lavar su deteriorada imagen ambiental podría invertir algo del dinero del programa Evo cumple en infraestructura para el Parque Tunari y otras áreas protegidas más, para su control. 

El autor es abogado, miembro del EPRI