Mesa suma 5to memorial e insiste en pésima defensa
A tres días de que venza el plazo para que la Fiscalía General reciba o rechace la proposición acusatoria, el expresidente de Bolivia Carlos Mesa calificó como “deficiente” la defensa de la Procuraduría General del Estado (PGE) en el caso Quiborax. Ayer presentó un quinto memorial.
“Si la Procuraduría General del Estado no alcanza resultados positivos en la defensa judicial de Bolivia en los arbitrajes internacionales, no está cumpliendo con su rol y misión constitucional, pone en entredicho la razón de su existencia, y se convierte en una institución administradora de gastos judiciales y de negociaciones discrecionales con las empresas demandantes, carentes de eficiencia, objetividad y transparencia”, afirmó con contundencia Mesa en su blog.
En el documento, Mesa advierte que se “constituiría una verdadera aberración jurídica que su autoridad (la Fiscalía) acepte la Proposición Acusatoria” si los resultados de la auditoría que dirige el Gobierno establecen indicios de responsabilidad penal en funcionarios de la Procuraduría.
Según el exmandatario, la defensa de Bolivia sólo consistía en que las inversiones de Non Metallic Minerals (MNM) y Q uiborax eran ilegales y no calificaban bajo los términos del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) vigente entre Bolivia y Chile.
“No invocó las cláusulas de denegación de beneficios receptadas en los Artículos I.1.c y II del Protocolo del TBI Bolivia-Chile”, cita Mesa en el documento presentado ante la Fiscalía.
El 9 de julio vence el plazo para que la Fiscalía acepte o rechace la acción legal interpuesta por la Procuraduría contra Mesa.
EL EXMANDATARIO VE CERCO EN SU CONTRA
El expresidente Carlos Mesa señaló, el miércoles, que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro, fue “un acto de complacencia” a modo de apertura de la acusación en su contra, cuando sólo falta la decisión de la Fiscalía General del Estado para iniciar el juicio por los supuestos delitos.
