¿Falsificaciones en el Tribunal Constitucional?

El 22 de noviembre de 2019, nueve abogados presentamos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un extenso memorial pidiendo la nulidad de la Sentencia N° 0084/2017 por la que, violando la Constitución Política, se habilitó la reelección indefinida de Evo Morales. Dicho petitorio, fundamentado en 26 páginas, demandaba “el restablecimiento del Estado Constitucional de Derecho y la plena vigencia de la Constitución”.

Un mes antes se habían producido las elecciones nacionales con la ilegal candidatura de Morales. La fractura de la Constitución, el desconocimiento del referendo del 21F y el fraude desbordaron la soportabilidad social, motivaron la sublevación ciudadana y terminaron con la fuga de los gobernantes y la instalación del Gobierno transitorio. Era evidente que todos esos fraudes estaban condensados en esa Sentencia 0084 y, por ello, era esencial que el mismo TCP enmendara sus actos dejándola sin efecto.

La demora y la retardación en la Resolución nos obligaron a plantear, 11 meses después, el 14 de octubre de 2020, un recurso de Amparo Constitucional ante el tribunal de Chuquisaca que, primero, fue “entrepapelado”, según el propio tribunal, y luego varias veces postergado, hasta que finalmente la audiencia fue fijada para el 21 de abril pasado. Seis meses para una audiencia de un Recurso Constitucional que tiene que tramitarse en 48 horas... Pero no es esto lo insólito, sino el hecho de que el 20 de abril, día antes de la audiencia del Amparo, fuimos notificados en Sucre, nada menos que con un Auto Supremo que habría sido dictado el 24 de diciembre de 2019, rechazando nuestra demanda de nulidad presentada ¡un año y cinco meses antes! El abogado Arturo Yáñez durante esos 17 meses estuvo diariamente apersonado en Sucre ante el TCP y nunca se tuvo conocimiento de resolución alguna, hasta que llegó la “notificación” del 20 de abril dando cuenta del “rechazo” de la misma, dizque por “falta de legitimación de los demandantes”.

¿Qué pudo haber pasado en el máximo tribunal de justicia constitucional? ¿También se entrepapeló, durante 17 meses, ese Auto Supremo? ¿Se dictó efectivamente en esa fecha o se falseó la misma? ¿Esperó el TCP el cambio de gobierno para rechazar la nulidad de la Sentencia 084? O, más bien, ¿había un Auto Supremo distinto, dictado durante el Gobierno transitorio, pero que luego fue cambiado con el cambio de gobierno?

Todas las respuestas pueden aventurarse y sólo una investigación rigurosa en un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP podrá esclarecer lo que aparece como un fraude. Sin embargo, no es un hecho más de un interminable rosario de irregularidades, prevaricatos y delitos que se cometen en nuestros tribunales, es su culminación grosera en su cúspide, en su Tribunal Constitucional que, de garante de la Constitución se estaría transformando en actor de los delitos. Estamos en presencia no sólo de presuntos fraudes en la cúpula judicial del país, sino ante la prueba clara de su penosa dependencia y sometimiento al poder político de turno.

Pero no puede ser un acto de sometimiento más, deberíamos convertirlo en el momento terminal de la crisis en la administración de justicia que, además de la dependencia, padece de otras falencias centenarias: la carencia de idoneidad personal y profesional de sus operadores; la carencia de recursos con un presupuesto misérrimo que no llega al 1% del Presupuesto General del Estado; la carencia de acceso a la gran mayoría de la población –porque sólo tenemos un millar y medio de jueces y fiscales para todo el país, hacinados sólo en las ciudades– y la carencia de estrategia estatal de reformas, por qué cada Gobierno llega con grandes retóricas reformadoras que no alcanzan siquiera para encubrir el corto plazo, donde se repite la corrupción, la retardación, la dependencia y la acción persecutoria de los jueces.

No se puede esperar nada más de parte del Estado y del Gobierno, que no sea la repetición de estas lacras centenarias. Está claro que ha llegado el momento de la sociedad, el momento de la gente que es la que debe iniciar e impulsar un verdadero y profundo proceso de reforma. La prevaricación que insinúa la última actuación del TCP no podrá ser encarada con un juicio de responsabilidades dada la mayoría oficialista en el Parlamento y menos esperar “renuncias” de magistrados cuya talla diminuta ya está suficientemente retratada. Y por ello debemos ir al fondo, con una acción ciudadana que inicie la transformación y la reforma desde la propia sociedad organizada que debe formular una propuesta de transformación de la justicia, movilizar las firmas que sean necesarias y llevarla a referendo.

Este no es un problema de los nueve abogados burlados. Es un problema medular del sistema democrático y de las libertades ciudadanas, obremos pues, en consecuencia.

El autor es abogado y político