Gobierno y sectores cierran sus posturas sobre la ley antilavado
El Movimiento Al Socialismo (MAS) sostiene que la socialización del proyecto antilegitimación avanza y prevé su aprobación para noviembre, pese a que un mayor número de sectores rechaza el documento y anuncian movilizaciones desde la próxima semana.
Autoridades y asambleístas nacionales del MAS aseguran que la solicitud de archivar el proyecto y la abrogatoria de la Ley 1396 no puede ser atendida, debido a una serie de compromisos que tiene el Gobierno con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
“No están pensando en el daño que van a ocasionar al no cumplir con estas recomendaciones que nos pide el Gafilat y que, obviamente, eso nos perjudica en esta evaluación porque podemos volver a las listas grises o negras y eso va a perjudicar la economía, a las operaciones del sistema financiero, a las empresas remesadoras, el comercio exterior y el uso de tarjetas de crédito y débito”, justificó la viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza.
Sin embargo la senadora por Creemos Centa Rek señalo que “no es verdad lo que dicen; son motivos que ellos se encuentran para apurarnos a los bolivianos, para que aceptemos esa norma que es totalmente inconstitucional y que incluso va en contra de las 40 resoluciones (recomendaciones) que tiene el GAFI”.
“No sé cómo van a hacer (los del Gobierno) si el GAFI viene a Bolivia y les presentan esta normativa, que hoy hemos denunciado los bolivianos, que la estamos denunciando ante los organismos internacionales porque está totalmente fuera de los requisitos internacionales. Ellos están aprovechando de una situación para decir verdades a medias y mentiras para apurarnos a los bolivianos”, agregó.
Respecto a la socialización, la autoridad legislativa refirió que el Gobierno lleva adelante este proceso con sus organizaciones afines, para luego indicar que el documento fue consensuado.
Hasta noviembre
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, informó que la norma debe ser aprobada hasta el 15 de noviembre, porque en esa fecha llegará al país una comitiva del Gafilat para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones.
“Si algún sector fundamenta de manera sólida (sus observaciones), vamos a modificar el proyecto. Estoy preocupada por el cumplimiento de las observaciones de la GAFI para que Bolivia no ingrese a la lista negra porque la evaluación será el 15 de noviembre”, señaló Velasco en contacto telefónico con El Deber.
Movilizaciones
Gremiales, transportistas, profesionales, evangélicos, abogados, comités cívicos, cooperativistas, políticos, periodistas y otros sectores observaron que el proyecto de ley es un instrumento de persecución política.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras de La Paz (Ferreco), Eloy Sirpa, rechazó el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas al considerarlo inconstitucional.
“Se ha analizado este proyecto de ley y no solamente va en contra de nuestro sistema que son las cooperativas auríferas, sino que afecta a todos, casi la mayoría de los artículos, va en contra de la Constitución y directamente nos deja en indefensión a todos”, señaló.
Agregó que el proyecto pretende “taparnos la boca para que no hagamos nada”, por lo tanto, expresamos nuestro “rotundo rechazo a este proyecto de ley”.
En tanto, los cooperativistas evalúan las medidas a asumir. Los gremiales y choferes de El Alto, entre otros, llevarán adelante movilizaciones la próxima semana.
Creemos envía documento en consulta ante la GAFI
La senadora por Creemos Centa Rek informó que en las próximas horas enviará en consulta ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el “Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.
Explicó que la consulta permitirá que esta organización intergubernamental con sede en París, Francia, “brinde su opinión respecto a la norma que se pretende aprobar en Bolivia, y si se adecua a sus 40 recomendaciones”.
Agregó que “ningún organismo internacional puede presionar al país para que se aprueben normas que estén al margen de la Constitución y las leyes”.
Al respecto, el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta señaló que el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, tiene más de 20 artículos contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE) y que la redacción es muy “ambigua”.
“Puedo concluir que sus proyectistas no deben tener un mínimo de respeto a la Constitución y a la libertad de las personas, es una redacción general y ambigua. Esa ley de manera intencional podrá presionar, chantajear y hasta extorsionar a cualquier ciudadano, incluido al militante masista”, refirió.
Directora de la UIF acusa a opositores
Tras el ultimátum de 72 horas que varios sectores sociales dieron al Gobierno para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, acusó a los sectores sociales y cívicos de implementar una estrategia para favorecer a las organizaciones criminales. “Finalmente se dan a la tarea de citar medias verdades de las recomendaciones del GAFI. Ésta es una estrategia sistemática de sectores que tratan de favorecer a empresarios que han obtenido su dinero, a personas y organizaciones criminales que han obtenido su dinero de forma ilícita y lo denunciamos”, sostuvo.
