Turistas espiados
Aunque se puede diferir con la forma de la protesta, pues una marcha vulnera el derecho a la libre locomoción de las personas, no dejan de ser consistentes las observaciones y la argumentación de las empresas del sector turístico que protestan contra un exceso normativo que ha derivado en serios perjuicios económicos y que amenaza ya no con frenar la reactivación de estos servicios, sino inclusive con asfixiarlos.
No es la primera vez que se pone al turismo contra las cuerdas. Durante el gobierno del expresidente Evo Morales, por ejemplo, se resolvió pedir visas de ingreso a los turistas estadounidenses e israelíes que solían llegar masivamente para visitar Rurrenabaque y específicamente la región del río Tuichi, tras la publicación del libro Back from Tuichi, en el que el israelí Yossi Ghinsberg narró cómo había sobrevivido 21 días en esa zona selvática antes de ser rescatado. Las oleadas de turistas, atraídas por la belleza de esa región próxima al parque Madidi, y por la historia de Ghinsberg, dejaron de llegar ante tal despropósito, orientado por la ideología de los entonces gobernantes; el daño causado nunca se pudo revertir, pese a que esta medida contraproducente fue eliminada durante el gobierno constitucional de la expresidenta Jeanine Áñez.
Hoy, rige una disposición acaso peor, el Decreto Supremo 4574, que reglamenta la Ley de Migración y que exige el registro de los turistas extranjeros. Según los empresarios de este sector vital para la economía, se obliga a los ciudadanos de otros países que nos visitan, en primer lugar, a registrarse en el Sistema de Gestión Migratoria de la Dirección General de Migración; posteriormente, por increíble que parezca, deben mantener un reporte continuo de todas las actividades que realizan en territorio nacional.
En otras palabras, a partir del momento en que el turista pisa suelo boliviano en los hechos pierde sus derechos y específicamente deja de gozar de su libertad, pues la norma autoriza al Estado a vigilarlo y a espiarlo, como si no estuviera en un país donde rigen los derechos humanos, que son universales, sino en un panóptico; de ser un extranjero que busca beneficiar con sus divisas al sector turístico nacional, y por tanto a la alicaída economía nacional, pasa a ser catalogado como una persona sospechosa y sujeta a seguimiento, lo cual causa angustia y molestia en quienes sólo tenían la sana intención de conocer las maravillas naturales y culturales de nuestro país.
Por supuesto, los que inventaron esta norma contrahecha buscaban imponer multas y otras sanciones a los turistas, es decir, crear más instrumentos para la exacción a título de garantizar la seguridad interna. No es suficiente con que los turistas consuman servicios y productos locales, sino que al extranjero que se atreva a visitar el país hay que sacarle lo que se pueda.
Es vergonzoso que se trate así a los turistas. Esta medida debe ser abrogada de inmediato y los promotores de su aplicación deben ser investigados y expulsados de la administración pública.
