Sacaba y Senkata: impunidad y engaño

Voceros del Gobierno han anunciado, en el “juicio golpe 2” contra la expresidenta Áñez, sentencia condenatoria “para las próximas semanas”. Posiblemente esos funcionarios ya conozcan la sentencia, pero no saben que la misma, más tarde o más temprano, será declarada nula porque será contraria a la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Veamos:

1. Jeanine Áñez está siendo enjuiciada por “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes” en la vía ordinaria, por delitos supuestamente cometidos como exsenadora y antes de asumir la presidencia. Se la acusa en, concreto, de haberse autoproclamado primero presidenta del Senado e inmediatamente después del Estado, con la agravante de ceñirse la banda presidencial de manos de un efectivo castrense. Por esas razones está detenida hace 400 días.

2. La señora Áñez no está acusada, investigada o presa por las masacres de Senkata y Sacaba, sin duda los hechos más dolorosos del gobierno transitorio. La investigación de la muerte de al menos 20 jóvenes no ha avanzado un centímetro, los supuestos responsables están absolutamente impunes y las víctimas y sus familiares permanecen estafados.

3. El contexto de esos hechos, la crisis de 2019, está nublado por el debate surrealista entre golpe y fraude. Los acusadores sostienen que el comportamiento de la senadora Áñez, antes de asumir la presidencia, fue el de la preparación de ese golpe y donde los conspiradores eran desde embajadores europeos, pasando por técnicos enviados por Almagro, hasta la dirigencia opositora de la época.

4. Todos sabemos que el desplome de Evo Morales no requería de ningún empujoncito castrense. El autoritarismo, la corrupción, el extractivismo, el desconocimiento del voto popular y la fractura de la Constitución habían desfondado a un gobierno cáscara, cuyos titulares, como otros anteriores, no tuvieron otra que tomar un avión y escapar del país y la vergüenza. Pero asumamos, sólo por un momento, que hubo golpe y que de él emergió el gobierno de Áñez en el que se produjeron las masacres.

5. No se pueden juzgar por separado los aprestos golpistas, “la conspiración” de la “U” Católica, la “autoproclamación” y la instalación presidencial de los hechos delictivos posteriores. Todos tienen que ser investigados juntos. Así lo manda la teoría penal que los describe como el “camino del delito”, así lo dispone la CPE en el Art. 117 (un solo juzgamiento), eso determina el Código Penal, cuyo Art. 46 exige “sentencia única” y, para quienes no quieren entender nada, así lo hicimos en el único juicio de responsabilidades a un gobierno indudablemente golpista y de facto cómo fue el de García Meza.

6. García Meza delinquió mucho antes de asumir la presidencia. Se amotinó sediciosamente dos veces mucho antes del 17 de julio, incumplió deberes militares meses antes de esa fecha y, lo más importante, tomó por la fuerza el palacio de gobierno, asaltó la Central Obrera Boliviana y asesinó a Marcelo Quiroga, Gualberto Vega y Carlos Flores en la mañana del 17 de julio, antes de proclamarse presidente, lo que ocurrió recién al día siguiente 18 de julio en el Estado Mayor de Ejército.

7. El Congreso que acusó a García Meza, la Corte Suprema que lo condenó y la parte civil que impulsó todo el procesamiento hubiéramos pasado no sólo como ignorantes de la CPE y de la ley, sino como estúpidos, si hubiéramos enjuiciado a García Meza por la vía ordinaria por el asalto a la COB, al Palacio y los asesinatos del 17 de julio cuando no era presidente y al mismo tiempo lo hubiéramos enjuiciado ante la Corte Suprema por los otros gravísimos delitos que cometió ya de presidente.

8. No pues. Cumplimos la CPE y la ley, se lo enjuició por todos los hechos delictivos, por los preparatorios, por la sedición, por la violación de la CPE, por el asalto al gobierno y, cómo no, por todos los crímenes que cometió antes y durante sus 14 meses como presidente de facto.

9. Es que nunca buscamos venganza, siempre exigimos justicia y para ello promovimos investigación, pruebas, testigos y reconstruimos la verdad sobre la que luego se aplicó la ley con la sentencia. Ni siquiera el exdictador estuvo un solo día preso durante el juicio, se le respetaron todos sus derechos y sólo fue arraigado en Sucre; por eso la sentencia y la condena fueron y son inapelables y ejemplares.

10. La sentencia que los personeros del Gobierno están anticipando oficiosamente en el caso “Golpe II” será espuria, violará la CPE y en su momento será anulada, cuando se inicie el juicio de responsabilidades. Mientras tanto, persistirá la impunidad de las masacres, las víctimas y sus familiares continuarán burlados y nuestra “justicia” seguirá servil a los voceros estafadores de Palacio.