Cívicos y oposición piden apoyo para RJC y rechazan injerencia política del MAS
El Comité Cívico de Santa Cruz y la alianza opositora Creemos solicitaron apoyo para la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), luego de que el Gobierno anunciara que pedirá 20 años de cárcel para cuatro exlíderes que se encuentran procesados por los destrozos en la sede de la Fiscalía General del Estado de Sucre, en 2020.
Creemos convocó a cívicos, partidos de oposición y población en general a impedir la vulneración de los derechos humanos de la RJC.
“La RJC fue parte de la movilización nacional democrática contra el fraude del MAS. No es responsable de ningún delito y más bien ayudó a parar el fraude masista y a resguardar la democracia. Instamos al movimiento cívico, a los partidos de la oposición democrática, a los ciudadanos de toda Bolivia a respaldar a los jóvenes de la RJC, para impedir que se consume un atropello contra su libertad y sus derechos constitucionales”, señalan en un comunicado.
El Ministerio de Gobierno informó que la justicia presentó la acusación formal en contra de los integrantes de la RJC. Esta fue notificada a las partes y se espera que el lunes 6 de junio inicie el juicio oral, en el que solicitarán la pena máxima de 20 años de cárcel.
Para el Comité Cívico cruceño esta acusación es un “acto de venganza” contra la RJC, agrupación que, en 2019 “al igual que miles de bolivianos, fue parte de la movilización pacífica” y “defendió Cochabamba del ataque violento de las huestes de Evo Morales”.
Los cívicos señalaron que “el Ministerio de Gobierno usurpa funciones”, pues “ya anunció la pena contra estos jóvenes en un momento donde la justicia está sumida en una crisis por la injerencia política y su sometimiento al partido de gobierno.
Convocaron al movimiento cívico nacional, a la oposición y las instituciones a apoyar y respaldar a la RJC para que no se vulneren sus derechos con una injusta condena política.
La opositora Creemos afirmó que el Ministerio de Gobierno parece un bando autoritario, en el que se adelanta el ajusticiamiento de los jóvenes cochabambinos que resistieron el fraude del MAS en 2019.
Cuestionaron que se esté utilizando el informe del relator de la ONU, Diego García-Sayán, para solicitar la condena máxima para algunos de sus integrantes. Advirtieron que enviarán una nota al diplomático denunciando el uso político del documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“El Ministerio de Gobierno usurpa las funciones que le competen al Ministerio Público y, como en las viejas dictaduras, anuncia actos procesales y fija años de condena a los presos políticos”, apuntaron.
Yassir Molina Lozada, Milena Sotto López, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta enfrentan dos juicios, uno instaurado en la ciudad de Cochabamba y otro en la ciudad de Sucre.
El primero es por los desmanes que se produjeron en noviembre de 2019, la denuncia fue presentada por la exdiputada Juana Quispe. Mientras que el segundo juicio es por los destrozos que se produjeron en la Fiscalía General del Estado (FGE) en una protesta en 2020.
GOBIERNO PIDIÓ 20 AÑOS DE CÁRCEL
El Ministerio de Gobierno, parte acusadora en el proceso, espera que hasta el 6 de junio los sindicados presenten sus pruebas de descargos para el inicio del juicio oral. En ese contexto, la cartera del Estado anunció que solicitará la pena máxima de 20 años de presidio porque la RJC “operó en 2019 y 2020 como un grupo armado”.
