Todo mal, ¿cómo termina?

Estamos tan mal que, tras de la pérdida del juicio en la CIJ por las aguas del Silala, el presidente Arce no se atrevió a salir a los medios y simplemente escribió un tweet, en el que dice algo que nunca estuvo en debate: la soberanía boliviana sobre su territorio, entendamos, los canales y la posibilidad de su desmantelamiento o destrucción, pero algo había que decir y, como al parecer “no tiene quién le escriba”, se largó con una obviedad que, además, no fue muy original, dado que el propio vecino trasandino dijo que si era voluntad de Evo (era el presidente en ese momento) podían hacerlo, pero que, aun sin canales, el agua iba a terminar en Chile.

Contrasta lo escrito por Arce con lo dicho por el presidente chileno Gabriel Boric, quien esta vez se apegó a la política oficial de su país, habló de recomponer el futuro con su vecino y cosas como esas, poniendo de manifiesto que, mientras uno piensa en destruir (porque puede, ahora con permiso, aparentemente), el otro piensa en construir un futuro. Bueno, así nos va.

Pero las cosas no terminan ahí: el viernes don Luis usó las cámaras y pantallas de TV para hacer un largo e impreciso discurso para avisar que promulgaba la ley del censo (“innecesaria”, dijo) y destiló su odio a la institucionalidad cruceña por el paro instruido por el cabildo de octubre, donde más de 1,5 millones de personas estuvieron presentes. El Tribunal Electoral Departamental (TDE) de Santa Cruz calculó unas 200 mil y algo más, pero el tema no es el número sino la validación que el TDE le dio al acto que determinó el paro indefinido y que se debía hacer (requisito constitucional de constancia de que lo hecho sale de la gente congregada), de manera que la decisión de iniciar procesos debiera quedar ahí, porque la Constitución reconoce al cabildo como una de las formas de gobierno y de expresión popular, de manera que eso y además la cantidad de faltas procedimentales y fallas de precisión jurídica tendrían que ser suficientes, pero el odio a la región no deja que eso quede así; prima nomás esa desesperada necesidad de reprimir, de ser autoritario, de usar aquello que García-Sayán y el GIEI (son más) dijeron que constituía una falta muy grave en materia constitucional y de DDHH, porque no es dable que el poder político siga usando al sistema judicial como el brazo represivo.

Pero a ellos (el gobierno de Arce) no les importa, porque si actuaran de otra manera estarían impidiendo la realización de sus propios planes sobre Santa Cruz y el oriente (Pando, agredido también), es decir, usar a las fiscalías departamentales y provinciales, además de jueces de capital y provincias, para dar forma a la invasión del oriente de parte de los cada vez más violentos “interculturales”, que esta semana han sido noticia por lo que se hizo y lo que se dejó de hacer.

Veamos lo que se dejó de hacer. Se liberó al último detenido en el caso las Londras, pese a la violencia que todos los ejecutores del acto terrorista y avasallador (es terrorismo infundir terror entre las víctimas y “balear”, torturar y vejar a hombres y mujeres), además de policías (otro de los instrumentos del poder, también reclamados por García-Sayán y el GIEI) en la toma del citado predio hace más de un año.

Al día siguiente de la liberación, para “terminar de enterarla”, se declaró “rebeldes” a los dos asaltantes que faltó detener. ¡Cartón lleno! Nada más se podía hacer para dar inicio oficial a las nuevas incursiones avasalladoras en el oriente, concretamente en Guarayos, donde se ha asaltado unos cinco establecimientos agropecuarios que, se sabe, tienen sus papeles en orden, como ocurrió con la propiedad de Rudiger Trepp, ubicada a unos 75 kilómetros de Ascensión de Guarayos. Violentos, arbitrarios, abusivos y, seguros de que estarían protegidos a futuro, los asaltantes quemaron lo que pillaron a su paso: casas, maquinarias, vehículos. Golpearon gente, les robaron y golpearon, como en Las Londras y otras propiedades que aún no denuncian, salvo los propietarios de “Laguna Corazón”, a quienes la Policía no puede proteger porque en Guarayos no alcanzan los efectivos para contener un caso de ese tamaño.

Son cinco las propiedades donde los “interculturales” han actuado en la misma zona, en la provincia Guarayos, lo que me deja con la sensación de que esas tierras son “el sueño de los interculturales que llegan desde el ande” o las mismas representan una especie de “mensaje de victoria”; Guarayos es un territorio de una de las naciones cruceñas, de indígenas originarios que están arrinconados en pocas hectáreas, porque los “interculturales” arrasan con todo y tienen un poder que los originarios del lugar jamás tuvieron, más allá de que Evo Morales les haya hecho creer que si “los indios” estaban en el gobierno, ellos estaban “en el poder”.

El mensaje es claro: ocupan el espacio de una nación del oriente, llegan, vencen, ocupan y se asientan, no importa si van a usar las tierras o las van a vender luego; lo que importa es la acción, es la simbología que tiene todo esto: ya lo dijeron no hace mucho tiempo desde la CSUTCB: el oriente debe ser “reconquistado” porque antes fue dominio de los habitantes de tierras altas. 

Ese discurso no tiene ninguna base científica o histórica, pero eso es lo de menos porque de lo que se trata es de hacerse del territorio para generar poder; para hacerlo, atropellan los derechos de los lugareños, de gente que obtuvo sus tierras de manera legal, que tiene títulos revisados y actualizados; revisiones que tienen que ver con el cumplimiento de la FES y del POP, reitero: revisiones de autoridad competente; pasan 16 años desde el 2006, no hay establecimiento que no haya sido revisado “al derecho y al revés” en el oriente cruceño, pero aun así la ley no existe para los poseedores y detentadores legales de esos predios.

Los dirigentes y cabecillas de los llamados interculturales atentan contra los derechos de las personas que ahí viven, ostentan el aval político con el que cuentan; hay una desigualdad jurídica notoria entre la gente legalmente asentada con relación a los asaltantes: el poder puede más y el resentimiento, el odio y el objetivo del poder son mucho más importantes a la hora de ministrar justicia; jueces, fiscales, Policía y autoridades administrativas del ramo casi siempre (casi es la excepción, claro) fallan o dictaminan en favor de los asaltantes; la realidad es que no hay Estado de Derecho en el país.

Los cabecillas de los asaltantes han hecho de su actividad un oficio; es su manera de vivir, se sabe que participaron ya de varias tomas, lo que demuestra que no son “gente necesitada”, sino que son operadores políticos de alguien; por supuesto ese alguien está muy bien protegido por el poder político, es decir, el Gobierno.

Y pudiéramos seguir con datos, nombres y apellidos y nombres de propiedades. Denuncias, grabaciones, etc. respaldan lo que aquí se dice, pero por ahora es suficiente, aunque no se puede dejar esto así nomás; al menos, no sin asegurar que si esto está mal, puede ir peor, porque así como hay quienes se organizan para agredir, no va a faltar quién organice defensas; en Sudamérica hay muchos ejemplos de ello. 

Eso ya tuvo un comienzo; eso ya lo sabemos: lo que no sabemos es dónde termina.