Cinco interrogantes que deja el video del “testigo protegido” en el caso ABC
El video filmado por Felipe Sandy Rivero, quien fue “testigo protegido” en el caso de corrupción entre funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa china CHEC en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, dejó al menos cinco interrogantes sobre el accionar del Gobierno boliviano y de la compañía asiática.
El caso salió a la luz en septiembre de 2022, cuando el diputado evista Héctor Arce denunció la entrega de una coima de 18 millones de bolivianos a la ABC por parte de CHEC para ser favorecida con la obra en Chuquisaca. La denuncia fue descalificada por el Ejecutivo; aunque después se constataron algunas irregularidades.
Cinco incógnitas
La primera interrogante que genera el video de Sandy es cómo el Gobierno y el Ministerio Público desconocían la situación de este “testigo protegido”, pues se realizaron trámites judiciales con relación a su persona en febrero de este año, cuando éste ya había fallecido en Estados Unidos el 20 de enero de 2023.
El Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía revelar la identidad de esta persona días después del deceso, y la Fiscalía rechazó una denuncia por extorsión contra Sandy el 1 de marzo de esta gestión. Una segunda interrogante tiene relación con las reuniones sostenidas entre la compañía china y altas autoridades de la administración de Luis Arce.
Sandy mencionó que representantes de la CHEC se reunieron con el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño; el vicepresidente, David Choquehuanca; el diputado Leonardo Loza: el viceministro de Transporte, Israel Ticona; el director de Vías Fluviales, Alejandro Meruvia, y otros, pero ninguna de estas autoridades se pronunció al respecto hasta el momento para aclarar la naturaleza de estos encuentros, y si los mismos tuvieron lugar.
En tercer lugar, el testigo indicó que denunció las irregularidades en la contratación para la doble vía SucreYamparáez a altos ejecutivos de CHEC (a través de un correo el 10 de junio de 2022), y a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, (12 de agosto de 2022, junto al mismo diputado Héctor Arce), sin recibir ninguna respuesta.
Tampoco hubo un pronunciamiento de los ejecutivos de CHEC al respecto ni de la ministra. Según Sandy, “se hizo latente y evidente una alianza y acuerdo entre actores del poder político de Bolivia, con actores del poder político de la China, para dar persecución al testigo protegido, como elemento más débil del proceso, e intentar inculparlo de los actos delictivos cometidos por sus propios agentes”.
Una cuarta duda tiene que ver con las contradicciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien el 16 de septiembre dijo que se tenía la hipótesis de que el “testigo protegido no recibió parte de la torta de corrupción”.
Pero en días recientes dijo que nunca se entregó un soborno y que el dinero había sido devuelto a la CHEC. Asimismo, el 17 de marzo señaló que el testigo había muerto en un accidente de tránsito en Miami, pero después señaló que no se podía tener seguridad de ello.
La quinta duda tiene relación con cómo aparecieron 8,9 millones de bolivianos, supuestamente destinados al pago de sobornos en la ABC por parte del exgerente de la empresa china, Jin Zhengyuan, en las mismas oficinas de la empresa asiática en Sucre, cuando Jin estaba detenido en una prisión de La Paz.
El dinero fue encontrado en bolsas nylon dentro de una habitación en un inmueble de CHEC el 1 de marzo de este año, meses después de que el mismo habría sido extraído para fines ilícitos. Hechos denunciados Por otro lado, el “testigo protegido” recordó cuatro hechos denunciados por su persona a través del diputado Héctor Arce.
Los primeros tres fueron corroborados por la misma Fiscalía, menos el último:
1. La alteración y cambio de documentos en las carpetas de licitación para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez a la empresa CHEC.
2. Alteración y cambio de un poder notarial para la firma del contrato entre CHEC y la ABC.
3. Lavado de dinero por parte del exgerente de CHEC y un tercero supuestamente para pagar un soborno de 18 millones de bolivianos.
4. Entrega de la primera parte del soborno (9 millones de bolivianos) a funcionarios de la ABC.
Este cuarto y último hecho no fue constatado, según Sandy porque ni siquiera se investigó por parte del Ministerio Público ante presiones políticas. Contraparte La empresa China Habour Engineering Company Ltda (Sucursal Bolivia) denunció a su exgerente Jin Zhengyuan por apropiación indebida de los recursos económicos de la compañía (supuestamente estos dineros serían para el pago de los sobornos a funcionarios de la ABC).
Asimismo, denunció a Felipe Sandy por extorsión con base en una carta en la que esta persona solicitaba a la CHEC el pago de honorarios por sus servicios prestados en las negociaciones para la doble vía en Chuquisaca.
El ministro de Justicia, Iván Lima, esgrimió la misma posición que la compañía china, y aseguró que en realidad el “testigo protegido” era un extorsionador involucrado en hechos de corrupción.
