Escolares bolivianos perjudicados por el plan de seguridad fronteriza de Chile
El viento gélido de Pisiga no es el único obstáculo que enfrentan los niños y adolescentes que intentan llegar a sus clases. Desde hace algunas semanas, una “arquitectura del miedo” —compuesta por zanjas, vallas y un intenso patrullaje militar— se interpone entre sus hogares y sus pupitres. Lo que debería ser un tránsito vecinal natural se transformó en un escenario de hostilidad. En opinión de Cecilia Lazarte, directora de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, el entorno militarizado actúa como un “estresor crónico”. “Un niño que cruza una zona de alta vigilancia llega al aula con una carga psicológica de alerta”, explicó y detalló que este “estrés de frontera” actúa como un veneno silencioso que reduce la concentración y la memoria, ya que el cerebro prioriza la supervivencia sobre el aprendizaje. El aula, que debería ser un refugio, se convierte en un espacio permeado por la ansiedad y el miedo al abandono, si sus padres fueran retenidos por los controles.
Silencio y burocracia
Ante esta realidad, La Prensa buscó la versión del Ministerio de Educación para conocer las gestiones de protección a los estudiantes bolivianos. Sin embargo, tras dos días de espera, en dicho despacho informaron que, al tratarse de un tema limítrofe, la Cancillería que debe responder y así se dejó en el aire las soluciones pedagógicas para los compatriotas. Por su lado, reportes de la emisora chilena Vilas Radio documentaron en terreno la rigidez de los controles en Colchane. Los colegas chilenos describen un panorama donde la seguridad nacional se impone sobre la cotidianidad de las familias aymaras, que habitan estas tierras desde mucho antes de la creación de los países. Las líneas trazadas sobre comunidades hermanadas hoy pretenden castigar la geografía del aprendizaje. Mientras informes de prensa en Chile destacan la efectividad del “Plan Escudo Fronterizo” para el control migratorio, la realidad humana muestra una fractura social profunda. Frente a esto, Lazarte propone la creación de un Carné de Tránsito Escolar. Este documento actuaría como un “escudo jurídico” para otorgar inmunidad administrativa a los alumnos y evitar que el control militar interrumpa su ciclo pedagógico. “La sola condición de estudiante debería abrir todas las puertas de manera automática y digna”, señala la experta. La propuesta técnica es clara. Las escuelas deben implementar una matrícula protegida y flexible en la que el estatus migratorio de los padres no sea un muro previo al ingreso de alumnos.
Precedentes
Bolivia y Chile no tendrían que inventar nada nuevo. En la región hay corredores escolares seguros como entre Colombia y Venezuela, y escuelas binacionales en la “frontera de la paz” entre Uruguay y Brasil. Estos casos demuestran que, cuando existe voluntad política, los Estados pueden priorizar el derecho humano a la educación por encima de la militarización y su seguridad interna. La propuesta técnica es clara: las escuelas en Colchane y Pisiga deben implementar una matrícula protegida y flexible. El estatus migratorio de los padres no puede ser un muro previo al ingreso a las aulas.
“La seguridad de una frontera no se mide por la altura de sus muros, sino por su capacidad de proteger a los más vulnerables”, afirmó la experta. Urge que el Estado adapte sus políticas para que ningún niño pierda un día de clases por culpa de una zanja o un vallado fronterizo.
