El tamaño sí importa
En la mayoría de los países, los Magistrados son seleccionados y elegidos por una institucionalidad representativa, cuya credibilidad goza de suficiente solvencia social, técnica y moral; así, estas decisiones son responsabilidad de comisiones calificadoras de entendidos en materia judicial, sean estos órganos colegiados, Congreso o Parlamento como instancia que representa al pueblo (no a un partido político), un Consejo General del Poder Judicial y/o Magistrados ordinarios y administrativos de grado superior.
En Bolivia, se nos quiere hacer creer que elegirlos mediante voto popular es mejor, porque “al menos el pueblo tiene la potestad de elegir y no como antes que eran puestos a dedo por el Presidente”. Lo cierto es que la justicia boliviana no vislumbrará mejoras mientras el sistema de valores éticos y sociales no sufra una radical transformación; es decir, si no erradicamos de nuestra conciencia colectiva aquella convicción que nos lleva a gestionar el poder como una oportunidad personal. Mientras el funcionario público no elimine comportamientos catalogados como de viveza criolla, no habrá dedo sabio del Presidente ni comisiones calificadoras ni urnas que garanticen justicia.
Bolivia está entre los países más corruptos del mundo, cosa que no asombra a nadie porque la inmensa mayoría hemos participado de forma activa o pasiva, directa o indirecta, de al menos un hecho de corrupción. ¿Por qué suponer que a partir de estas elecciones de Magistrados, tendremos un sistema menos corrupto, más eficaz y transparente?
Los bolivianos vamos a elegir a ciudadanos que ya fueron preseleccionados a través de un proceso que recibió serias observaciones; es más, sabemos que la mayoría de los candidatos está vinculado al gobierno central; entonces ¿cómo garantizar que con estas elecciones la administración de justicia vaya a ser honesta y eficiente?
El propio Vicepresidente reconoció que el Órgano Judicial agoniza y que las primeras elecciones por voto popular no han logrado cambios, ¿por qué creer que esta vez será distinto?
Por otra parte, suponiendo que la campaña informativa fue exitosa y que el pueblo conoce a los candidatos, ¿quién es para evaluar el perfil profesional de una autoridad del Tribunal x, y o z? En cambio, ¿qué sabe el elector? Sabe que el proceso de preselección tuvo sus debilidades en cuanto a transparencia y nivel de exigencia de conocimiento; sabe que, a pesar de las preguntas obvias y de selección múltiple, la mayoría obtuvo calificaciones mediocres; que esa gran mayoría está vinculada con el partido de gobierno; que todos prometen todo, pero que desde sus funciones actuales no han sido capaces de hacer ni la mitad; y sabe también que como elector no tiene las competencias para evaluar algo tan complejo como la idoneidad que demanda el cargo.
En otros países, estas decisiones se traducen en extensos, complejos y competitivos procesos de valoración que involucran constatar la independencia política del candidato, una trayectoria meritocrática excepcional y una vida personal e íntima sin lugar a la más mínima debilidad; y, finalmente, sabe que detrás de la pantalla del acto democrático hay un Evo Morales que está haciendo hasta el ridículo para lograr una cuarta postulación consecutiva y que necesita que avalemos a unos administradores de justicia a su medida.
Mónica Olmos Campos
Comunicadora Social y Doctora en Ciencias de la Educación.
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