Defensa de Leyes activa recurso en la CIDH para tener un tribunal imparcial
La defensa del alcalde José María Leyes, investigado por el caso Mochilas, busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) restituya los derechos políticos del munícipe y aplique una medida precautoria para que sea procesado por un tribunal imparcial, informaron ayer sus abogados Humberto Trigo y Alberto Morales.
En procura de lograr su objetivo, plantearon dos recursos ante la CIDH.
El primero se interpuso el 28 de mayo, pidiendo una medida cautelar “porque violentando toda normativa, el derecho a la vida y la salud, se pretendía detenerlo”, dijo Morales. En tanto, en los siguientes días se interpondrá el segundo recursos por violación de los derechos políticos, “lo que se llama instrumentalización penal de la política”. De acuerdo con el abogado Morales, en este caso se usa la vía judicial con fines políticos.
Por otro lado, la jueza anticorrupción Sara Céspedes comunicó que dejó los casos Mochilas I y II por “animadversión” con el Ministerio Público, debido a que fue maltratada por los fiscales que la aprehendieron tras ser denunciada por el Ministerio Público por presunto prevaricato al haber dictados dos resoluciones contradictorias para unir los casos por los que es investigado Leyes.
Se prevé que la siguiente juez en conocer el caso, Sandra Parra, se pronuncie hoy sobre el mismo y fije la audiencia del caso Mochilas II en 24 horas. Sin embargo, es probable que también se excuse porque la defensa de Leyes interpuso una acción de libertad que salió favorable al munícipe.
Por otro lado, el Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía rechazaron rotundamente el pedido de libertad del Alcalde y anunciaron que pedirán su detención preventiva.
El delegado del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, dijo en declaraciones a los medios que se opondrán al pedido de libertad del Alcalde porque persisten los riesgos de fuga y obstaculización. Añadió que, si el munícipe retorna a su cargo, puede hacer desaparecer la prueba. Trigo dijo que, en tres meses, la Fiscalía no ha podido probar nada.
