Leyes y dos secretarios declaran en la Fiscalía por el caso comida
El alcalde José María Leyes, dos de sus secretarios y otros funcionarios de Contrataciones declaran este jueves en la Fiscalía por la denuncia que presentaron tres concejales de haber adjudicado la comida de policías y militares a una empresa sin registro.
Los primeros en prestar su declaración fueron los secretarios General y de Protección al Ciudadano, Elías Vásquez y Omar Cordero, respectivamente. También dos funcionarios de la dirección de Contrataciones.
El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, llegó al Ministerio Público a prestar su declaración al mediodía junto a su abogado. En tanto, que el caso está a cargo de una comisión de fiscales.
El alcalde José María Leyes será defendido por el abogado Tom Prieto, quien en el pasado representó los procesos contra la exintendenta Luz Rojas.
Los concejales expresaron que en todas las contrataciones por emergencia, si bien se omite la licitación y se pueden hacer invitaciones directas las alcaldías tienen que pedir el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
A ello se suma que la Alcaldía de Cochabamba elaboró un Reglamento de Contrataciones por Desastres o Emergencias del Decreto Municipal No. 155/2020, de 16 de abril, en el que pide RUPE.
El artículo 19 del Reglamento de Contrataciones por Desastres y Emergencia, elaborado por la cuarentena por la pandemia Covid-19, establece que para formalizar la contratación se debe pedir el RUPE ya sea a una persona natural o jurídica.
El 16 de abril, la Alcaldía adjudicó una orden de compra a la empresa Bunker Grill & Bar para unas 34 mil raciones para los policías y militares que controlan la cuarentena con un presupuesto de 488 mil bolivianos. El restaurante no presentó el RUPE aunque dice contar con esta documentación.
Antes de su declaración, el Alcalde evitó atender algunas consultas de la prensa. "Eso es un tema personal y no usaré la institución para referirme a ese asunto. Hablen con mi abogado", sostuvo.
Sin embargo, señaló que se inició un proceso administrativo en contra de algunos funcionarios de Contrataciones por haber omitido la solicitud del RUPE al momento de hacer la invitación.
