Se repite el caso K’ara K’ara en Colcapirhua y Quillacollo
El crecimiento poblacional y la proliferación de asentamientos cerca de los botaderos de Quillacollo y Colcapirhua muestran que los dos municipios del valle bajo están camino a repetir la situación y los conflictos de K’ara K’ara por uso del vertedero.
Comunarios y dirigentes coinciden en que los botaderos deben cerrarse porque son una bomba de tiempo debido a que los pobladores comienzan a presionar rechazando la firma de convenios para ampliar los plazos de operación.
En el área existen al menos 11 comunidades legalmente establecidas y otras cuatro urbanizaciones irregulares que cobijan a unas 15 mil familias, según vecinos que viven más de 30 años en el sector.
Cuando se instaló el botadero de K’ara K’ara, en 1987, la zona estaba completamente despoblada. Con los años, crecieron las urbanizaciones— pese a las prohibiciones—, que ahora presionan para su cierre. Además, han convertido el bloqueo del ingreso al botadero en un medio de presión para lograr la atención de todo tipo de demandas. El año pasado, el botadero estuvo cerrado por 60 días a causa de al menos 10 bloqueos.
En un recorrido por los ingresos a los botaderos de Quillacollo y Colcapirhua se puede constatar que gran parte de las viviendas cuentan con energía eléctrica y agua potable; aunque los caminos son angostos, no hay alcantarillado, abundan canes callejeros y vectores.
Entre las comunidades agrarias reconocidas en la jurisdicción de Colcapirhua están Esquilan Grande y Sumunpaya. Sin embargo, la falta de planificación, control y apoyo a los agricultores motivó a los productores a fraccionar y vender sus tierras a loteadores.
“Nosotros queremos que de una vez cierren los botaderos porque los malos olores son insoportables y tenemos que cerrar las puertas y ventanas para dormir y comer”, señaló una pobladora, quien alertó que existen una zona conocida como Kulku, donde los loteadores ofrecen terrenos de 300 a 500 metros a precios “razonables”.
“Detrás del botadero también hay cientos de viviendas, la mayoría de la gente proviene de trópico, pero comprar un lote en esa parte es complicado porque hay líos, incluso hemos escuchado que se balearon por el derecho propietario”, añadió.
Por su parte, el presidente de la mancomunidad de Cotapachi, Bernardo Almaraz, dijo que en la jurisdicción de Quillacollo existen nueve comunidades agrarias a escasos metros del vertedero que por la contaminación del suelo y agua solicitan el abandono del depósito de residuos sólidos.
Entre las comunidades figuran Jahuintiri, Encanada, Gringo Rancho, Monte Moqo, 1 de Marzo, Cotapachi y otros.
Almaraz dijo que los comunarios en varias oportunidades se enfrentaron a loteadores para evitar asentamientos irregulares y reclamó por el manejo de residuos hospitalarios.
Se amplía el plazo hasta 2022
El pasado fin de semana, los alcaldes de Quillacollo y Colcapirhua suscribieron una adenda para ampliar el plazo de cierre de los botaderos hasta 2022. El convenio molestó a la gente que vive cerca de los vertederos porque aseguran que no se socializó con ellos el plan de mitigación; por lo que no descartan asumir medidas de presión los próximos días.
El jefe de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Colcapirhua, Juan Carlos Fernández, informó que en este tiempo se implementará un cerco perimetral, chimeneas para la captación de lixiviados, fumigación, control de vectores, zanjas de coronamiento y otras actividades.
