Indicadores traban acceso a créditos externos blandos como el que se devolvió al FMI
Los indicadores económicos se han convertido en un obstáculo para que Bolivia acceda a créditos externos con bajas tasas de interés, como la del 1,07 por ciento contemplada en financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue devuelto en febrero pasado.
En un escenario en el que se prevé la contratación de nuevos créditos, incluso la colocación de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares, el analista económico Walter Morales considera que fue un desacierto la devolución de los 351,5 millones de dólares al FMI.
En pasados días, durante la audiencia de rendición pública de cuentas del Ministerio de Economía, el titular de esta cartera de Estado, Marcelo Montenegro, informó que la devolución de esos recursos obtenidos durante el gobierno de Jeanine Áñez se dio porque se trataba de un financiamiento ilegal.
“No tuvo la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por lo que vulneró nuestra Constitución, que señala la obligatoriedad de que un financiamiento pase por el ente legislativo. Era un crédito ilegal”, dijo. Agregó que las condiciones del financiamiento no tenían la visión popular que tiene el actual Gobierno.
Sin embargo, la modificación cambiaria y los intereses hicieron que se tuviera que erogar recursos adicionales. Según datos del Ministerio de Economía, el FMI entregó 372,2 millones de dólares en 2020, pero en febrero de 2021 el Estado boliviano devolvió 346,7 millones, además de 4,7 millones por intereses.
Según Morales, actualmente el Gobierno nacional está en busca de un nuevo financiamiento externo, pero es muy poco probable que consiga una tasa de interés tan baja como la del FMI, dadas las condiciones de la economía.
“Fue una decisión desacertada (…), probablemente por no entender cómo funcionan este tipo de operaciones con el FMI. Es difícil pensar que la política haga que la gente a cargo se arriesgue sabiendo en qué se metía (…). Bolivia es el único país que, en lugar de utilizar esos recursos, los ha devuelto”, dijo Morales.
El analista también indicó que la emisión de bonos soberanos programada en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, por 3.000 millones de dólares, “aún no debe haber sido posible, precisamente, porque la tasa que se obtendría es onerosa”. Agregó que por ese motivo el Gobierno ya incumplió su propio Programa Fiscal Financiero presentado el 18 de marzo.
La caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el creciente endeudamiento externo y el aumento del déficit fiscal son algunos indicadores que reducen la perspectiva de la calificación crediticia de Bolivia y dificultan el acceso a créditos externos con bajas tasas de interés.
“Hoy, desafortunadamente, hay muchos cuestionamientos, también de la comunidad internacional, que no generan favorable escenario económico (…). Mientras antes el Gobierno priorice la economía y deje de lado la ideología, más rápido saldremos adelante”, agregó.
Cinco normas fueron derogadas
Entre las medidas que asumió el Gobierno de Luis Arce, se encuentra la derogación de normativas aprobadas durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez.
Son cinco decretos que estaban destinados a temas económicos, entre ellos, incentivos tributarios. Los decretos son el 4198, 4211, 4298, 4272 y 4139.
Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, estas normas favorecían a los empresarios privados y dejaban de lado a los trabajadores y sectores populares.
“No van acorde a nuestra política económica popular que busca la distribución de la riqueza y mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos”, dijo.
