Piden 8 años de cárcel para seis exfuncionarios por paro de la planta de urea
La Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra del exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz, además de otros cuatro exejecutivos de la estatal petrolera, por la paralización de la planta de urea y amoniaco en noviembre de 2019 que ocasionó un daño económico al Estado de al menos 8.677.632 dólares.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, parte querellante en el proceso, pedirá una pena de ocho años de privación de libertad para los seis acusados.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos, informó que, dentro de las investigaciones del caso denominado “YPFB - Bulo Bulo”, la comisión de fiscales que investiga el caso presentó la acusación formal “debidamente sustentada con 11 pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas”.
Barrientos mencionó que, además, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ofreció realizar una prueba pericial que demostrará el daño económico al Estado. “La Fiscalía está a la espera de señalamiento de inicio del juicio por parte de la autoridad jurisdiccional”, dijo.
Al margen de Zamora y Soliz, la acusación involucra al exvicepresidente nacional de Operaciones Jorge Blancourt, al exgerente de Industrialización Oscar Boutier, al exdirector de la planta de amoniaco y urea Carlos Segundo Vilar y al excoordinador de la planta de amoniaco y urea Ivert Fernando Oliva.
Los seis exfuncionarios fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Por ello, Barrientos dijo que se está solicitando la pena máxima, consistente en la privación de libertad de ocho años más el incremento que se determine por agravantes.
Agregó que la paralización de la planta provocó un deterioro importante en la maquinaria que se usaba en los procesos, “por eso, a pesar de los informes, no se determinó, de forma inmediata, el reinicio del funcionamiento de la planta y a partir de esta situación se ha establecido un daño económico al Estado de considerable cuantía”.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que esta cartera de Estado, como parte querellante, pedirá la sentencia condenatoria máxima para los acusados y la reparación del daño económico al Estado.
Zamora, cuando fungía como ministro, advirtió en reiteradas oportunidades que la planta de urea trabajó a pérdida desde su inauguración, en septiembre de 2017.
Esa declaración fue ratificada por un informe de la consultora Gas Energy Latinoamérica (Gela), publicado en 2020, que señaló que en 2018 y 2019 la planta de urea tuvo pérdidas de 34,4 millones de dólares.
Retomaron labores después de 22 meses
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reinició en septiembre de 2021 las operaciones de la planta de urea tras 22 meses de paralización.
En la oportunidad, el presidente Luis Arce Catacora dijo que dicha paralización generó un daño de al menos 450 millones de dólares, puesto que el país dejó de percibir recursos por la venta de urea.
El Presidente sostuvo que ese dinero hubiera servido para iniciar “la construcción de una segunda planta” que tendría un costo de 900 millones de dólares, pero encomendó al Ministro de Hidrocarburos y Energías realizar los estudios para que se levante esta nueva planta.
